Las negociaciones entre el EMC, que rechazó el acuerdo histórico de 2016, y los representantes del presidente Gustavo Petro iniciaron en octubre, cuando acordaron una tregua inicial de tres meses. La decisión de prorrogar el cese al fuego se formalizó mediante un decreto del gobierno, estableciendo su vigencia desde el 16 de enero de 2024 hasta el 15 de julio de 2024.

Bogotá es escenario del tercer ciclo de conversaciones, marcadas por algunos altibajos. Uno de los avances significativos fue el compromiso de los rebeldes de renunciar al secuestro extorsivo. Sin embargo, en noviembre, los disidentes abandonaron la mesa de diálogo alegando violaciones por parte del ejército a la suspensión de operaciones en sus áreas de influencia.

Petro está empeñado en resolver el conflicto armado de seis décadas mediante el “diálogo” con grupos rebeldes y las organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico. A pesar de la firma del acuerdo de paz que transformó a la mayoría de las FARC en un partido político, Colombia sigue enfrentando una prolongada guerra interna con más de 9,5 millones de víctimas, en su mayoría desplazadas.

Aunque el EMC es la disidencia más grande y organizada, no es la única; el presidente también ha estado en conversaciones desde noviembre con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra guerrilla de inspiración guevarista. Ambas negociaciones representan la ambiciosa iniciativa de “Paz Total”, una de las principales propuestas de Petro desde que asumió el cargo en agosto de 2022.