La asambleísta Gissella Molina presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de entregarle al país nuevas herramientas para luchar contra el narcotráfico y otros delitos.
La legisladora manifestó que, últimamente se han suscitado hechos evidenciando que la justicia se encuentra detenida en normas poco claras y precisas, situación que es aprovechada por personas que delinquen para impedir que la administración de justicia ejerza sus plenas facultades e imponga las sanciones pertinentes.
Enfatizó que frente a esa situación es necesario entregar a los operadores de justicia los instrumentos legales para garantizar la tranquilidad y paz de los ecuatorianos.
Advirtió que la flagrancia, como consta en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, es deficiente e incompleta, debido a que no prevé casos como el delinquir en el espacio marítimo, ya que se asume que toda flagrancia o actuación contraria a la ley debe producirse en el Ecuador continental. No obstante, expresó que el crimen organizado utiliza la vía marítima para realizar actos ilícitos relacionados con el narcotráfico, el contrabando de combustibles, trata de personas, pesca ilegal, entre otros.
Por ello, dijo, es imperante establecer una herramienta útil que fortalezca la figura de la flagrancia y que existiendo todos los elementos de convicción reunidos para probar ante el juzgador o juzgadora la existencia material del delito, se actúe sin exponer algún vicio de procedibilidad referente a la privación de libertad de las personas, sin formula de juicio en delitos flagrantes que no pueden sobrepasar las 24 horas.
Finalmente, la legisladora resaltó que en el proyecto también se ha advertido la necesidad de reformar otros artículos del Código Orgánico Integral Penal, debido a que el término “mar territorial” debe ser adecuado a lo que dispone la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), del cual el Estado ecuatoriano es parte.
Fuente. Asamblea Nacional