Francisco Swett: Negocios geopolíticos y las EP

La propuesta anunciada por el gobierno respecto del financiamiento con la Development Finance Corporation de los Estados Unidos es intrigante pero aparece en mal momento. La iniciativa tiene condiciones más favorables que las existentes en los pasivos con China, pero, como lo veremos más adelante, requerirá de cambios profundos en los activos que, se asume, deberán ser monetizados. Más complicado aún, nace en una circunstancia geopolítica obsoleta pues se ignora cuál será la actitud de la Administración Biden y, no se diga, de quien gobernará el Ecuador en el próximo cuatrienio, respecto del tema.

La deuda pública, más de $ 40.000 millones por amortizar hasta 2025, es impagable. El Estado cuenta, en cifras redondas, con ingresos que no llegan a $ 25.000 millones anuales, y no tiene capacidad para afrontar $ 10.000 millones en el rol de pagos, amortizar deudas por $ 10.000 millones, efectuar transferencias a gobiernos locales y provinciales por $ 3.000 millones y pagar $ 7.000 millones por el funcionamiento del gobierno. Todos estos valores excluyen la inversión pública, cifra que al no haber llegado a $ 2.000 millones el año pasado explica el porqué vivimos en una economía estancada.

El Estado tiene, por otra parte, activos cuyos defensores consideran son altamente productivos y producen inestimables réditos que no pueden ser delegados a nadie, no se diga enajenados. El problema es que las Empresas Públicas (EP), más de una veintena en total y con las variaciones de rigor en su desempeño e importancia, son, por norma, instituciones carentes de estados financieros auditados. Las cuentas publicadas por el Banco Central revelan que en el período 2013-2018 los resultados operativos acumulados fueron negativos en más de $ 4.000 millones y pesaron sobre el déficit fiscal. Es un verdadero panteón de actividades que nacieron al amparo de la doctrina de la seguridad nacional y les han “costado la camisa” a los contribuyentes pues no son joyas de ninguna corona.

Urge entonces el cambio de forma y fondo para que los activos estatales dejen de ser cargas pesadas y aporten a la economía. No hay un solo molde a seguir, pero sí es evidente que se debe empezar por tener una valoración de los negocios en marcha cuyo principal valor radica en las circunstancias y proyecciones de mercado antes que en infraestructuras físicas que resultan ser obsoletas en plazo corto. Las empresas deben poder ser agentes conspicuos del mercado de capitales, ofertando sus acciones y obligaciones para captar dinero del público. El rango de opciones para su reestructuración va desde la liquidación a la enajenación completa en procesos transparentes; la concesión a largo plazo de la gestión y operaciones; las alianzas público/privadas, y todas aquellas formas de explotación que tengan mérito económico. Las EP deben competir libremente, no pueden ser monopolios, deben pagar impuestos, observar las mejores prácticas comerciales, y, en general, contribuir al progreso del país.

No se trata de malversar valores o vender activos para alimentar el gasto corriente. Tampoco se trata de ser dependiente de una u otra potencia, y la mejor forma de no serlo es construyendo la prosperidad casa adentro.

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