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Francisco Swett: La disyuntiva

La aprobación del programa de EFF (Extended Fund Facility) crea la oportunidad para darle cuerpo y estructura a la futura política fiscal. Para Moreno el tránsito mantiene la ventaja de que el grueso de los desembolsos será hecho en 2020 y, dada la contingencia de un nuevo gobierno cuyas tendencias y prioridades serán innegablemente diferentes del actual, para el sucesor el arreglo alcanzado permitirá volver a la mesa de negociación. El próximo gobierno deberá, desde el primer día o antes, llevar a cabo una discusión ordenada de los temas presupuestarios que determinarán la futura condición económica del país. El conversatorio nacional deberá incluir, además, los planes de reestructuración de la deuda en los mercados de capital a fin de mejorar las condiciones y términos de la misma, pues estos pueden, y deben, ser revisados desde una posición de fuerza.

Son tres los temas de discusión: (1) la reducción efectiva del tamaño del Estado; (2) una nueva arquitectura tributaria y administrativa; (3) la implantación de una política de manejo del crédito público que norme los lineamientos a los cuales los gobiernos deben someterse, incluyendo la penalización por el mal uso del crédito público para cubrir compromisos de tipo político inflando el gasto.

Recibir palmaditas en el hombro del Fondo Monetario o de la Casa Blanca no resuelve un problema que, finalmente, definirá al próximo gobierno y nos permitirá a los ecuatorianos visualizar la clase de país en el que nos tocará vivir. En ausencia de los cambios estructurales que deben primar dentro del Estado no llegaremos a ningún lado. Ya Moreno lo propuso infructuosamente con sus mal llamadas leyes de solidaridad, ordenamiento fiscal y humanidad, con las que buscaba tener más impuestos sin la contrapartida del sacrificio fiscal, y darle funciones al BCE que no le corresponden en dolarización.

Lo que el Ecuador sí requiere es la libertad económica para ser productivos y eficientes. El Estado deberá recortar drásticamente sus funciones, delegando las responsabilidades y la administración de los recursos generados a su origen local. Un gobierno que atienda el funcionamiento de los poderes del Estado, las relaciones internacionales y las Fuerzas Armadas no requiere más del 5 % del PIB. Si se añade el crédito público y otras funciones (en coparticipación variable) como la educación, la salud, la obra pública y la seguridad interna, su dimensionamiento deberá guardar concordancia con el flujo de ingresos permanentes, esto es, no más allá del 20 % del PIB.

La estructura tributaria debe asentarse exclusivamente sobre la renta y el consumo, aplicando tarifas que sean congruentes con las mejores experiencias de prosperidad (alrededor del 15 %). Se requerirá terminar con todo rastro de represión financiera y, de una vez por todas, dar paso a un mercado interno de capital que integre adecuadamente a los sectores público y privado, pues estos deben saber convivir y no residir de espaldas el uno del otro.

Estamos en la disyuntiva del camino. Si el culto de la libertad ha sido arado en el mar no habrá componte para una nación débil. De otra forma, se habrá escogido un experimento de convivencia que preceda la formación de un nuevo país.

Recibir palmaditas en el hombro del Fondo Monetario o de la Casa Blanca no resuelve un problema que, finalmente, definirá al próximo gobierno y nos permitirá a los ecuatorianos visualizar la clase de país en el que nos tocará vivir’.

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