Francisco Swett: ¿Cómo se gasta el dinero de los contribuyentes?

“Los dineros de los contribuyentes no dan abasto. No hay recursos disponibles para estímulos fiscales. El gasto seguirá acumulando déficits, se distorsionará el uso de los recursos, quedarán desfinanciadas las necesidades más prioritarias y abundarán las presiones para el empleo público”

El Estado ecuatoriano vive de los impuestos (y de toda suerte de recargos bajo diferentes rubros) que los contribuyentes pagan. Cuando cualquier político se refiere a los “dineros del Estado” hay que aclararle que estos están en custodia y son la consecuencia del pacto social de convivencia entre los ecuatorianos. El Estado, finalmente, se nutre también de aquellos recursos apropiados -el petróleo y la electricidad vienen a la mente- y de los ingresos que se originan en las tarifas cobradas por los bienes y servicios que provee a través de las denominadas EP. Por su naturaleza, y en correcto lenguaje económico, las actividades estatales no generan valor agregado (aun cuando se las segrega aparte en la contabilidad del PIB) pues representan el cambio “de un bolsillo para otro” de recursos de capital dentro de la economía.

¿Cómo gasta el Estado los dineros de los contribuyentes? Los números aquí citados son los de la proforma presupuestaria de 2020, que nunca se cumplió, pero que representa el último documento estructurado y aprobado. Es la anatomía, aún vigente, de más de cuatro quintas partes del gasto público.

Los gastos sumaron $ 35.521 millones agrupados en 164 cuentas que las he clasificado en 19 grupos de acuerdo a su nomenclatura y afinidad. El 54 % de ese gasto ($ 19.121 millones) estaba destinado al pago y servicio de la deuda pública ($ 7.615 millones, o 40 % del total), transferencias a los otros niveles de gobierno y administración ($ 7.2111 millones: 37 %), y a la importación de “los derivados deficitarios” ($ 4.030 millones: 21 %). A los ministerios, agrupados en una sola cuenta, se les destinaban $ 11.169 millones (31 %) y, de entre estos, Educación llevaría $ 3.818 millones (sin incluir $ 1.317 millones para las universidades), Salud Pública $ 3.037 millones, MIES $ 1.432 millones y Defensa $ 1.394 millones. La Policía debía recibir $ 1.193 millones. En resumen, los rubros listados acaparaban el 93 % del gasto.

Las otras cuentas recibirían el restante 7 %, incluyendo a la Presidencia y VP, la Asamblea el Poder Judicial, las Superintendencias, CGE y PGE. El vasto aparato burocrático y de regulación, que subsiste íntegramente, incluye 11 Agencias de Regulación y Control para atar la economía y la producción, 12 Consejos para aconsejar y presidir sobre todo lo que fuere, 20 institutos que no son precisamente los de Justiniano, 9 instituciones extraministeriales que actúan en el campo social, educativo y de la cultura, 3 Secretarías y 14 Servicios Nacionales. Suman $ 10.656 millones de gasto, y es uno de los ámbitos donde debe trabajar el MEF para “reducir el tamaño del Estado” a partir de la adopción de metodologías idóneas de presupuestación y no simplemente más de lo mismo.

Los dineros de los contribuyentes no dan abasto. No hay recursos disponibles para estímulos fiscales. El gasto seguirá acumulando déficits, se distorsionará el uso de los recursos, quedarán desfinanciadas las necesidades más prioritarias y abundarán las presiones para el empleo público. Es responsabilidad compartida entre el Ejecutivo el enmendar este estado de cosas, y la Asamblea el tomar decisiones informadas, responsables e idóneas respecto de trascender la condición de una economía que no va para ningún lado.

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