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Francisco Swett: Cambio de modelo I – Régimen tributario

Un programa económico no puede limitarse a recoger la basura y limpiar los escombros después del vendaval, sino preocuparse por construir un nuevo país. No es tarea para un gobierno, sino para una sucesión de gobiernos que mantengan un rumbo cierto. Para lograr cambios se requiere de tiempo y constancia; que primen las políticas de Estado y se restablezca la institucionalidad basada en el equilibrio y control de los poderes constituidos; que la administración de justicia se base en el imperio de la ley, y se liberen las fuerzas del mercado; que se hagan esfuerzos sostenidos y productivos para fortalecer la educación nacional en todos sus niveles y se realce la importancia del desarrollo humano en sus varias dimensiones y expresiones; que, finalmente, se destierre la corrupción y los gobiernos den el mejor ejemplo de probidad y no de ser sociedades delictuales o antidemocráticas.

El sector público predominante acarrea riesgos sistémicos. Se crea una economía de consumo excesivo, y por lo tanto de bajas tasas de crecimiento; y el crecimiento posible depende de la inversión pública, actividad en la cual los proyectos se caracterizan por tener una alta relación de capital/trabajo (no son agresivos generadores de empleo permanente o productivo). Si se quiere crecer, el SPNF (sector público no financiero) debe bajar del 40 % del PIB a una meta no superior al 25 % del PIB, en los próximos tres años. El gradualismo no funciona. Las rebajas en valores reales deben ser de alrededor de $4.000 millones anuales, incluyendo $1.000 millones programados en inversiones que no deben ser llevadas a cabo por el Estado.

El equilibrio entre ingresos y egresos es un bien público. El gasto ha recibido mayor atención por ser fuente de corrupción y de escándalo; sin embargo, el régimen tributario debe apuntar a los grandes agregados, tales como la generación de renta (concebido como el resultado de una gestión), de valor agregado, y de consumo. El ISD, que contribuye el 1 % del PIB, debe ser derogado, como lo debe ser el anticipo del IR. La estructura arancelaria debe ser lo más baja y plana posible, y no debe haber salvaguardas o mañoserías del tipo tasas de servicio.

Se debe ampliar la cultura tributaria y no concentrarla sobre los mismos actores. Solo el 7 % de la población activa tributa. En el IR, el impuesto a las sociedades es dominante (por encima del 90 % del total) y el 1 % de los contribuyentes societarios aportan en exceso del 80 % de dicho total. No es una pirámide sino una aguja tributaria en un régimen que no da más luego de alcanzar el 14 % del PIB. En aplicación a las normas de seguridad jurídica, el SRI, como agente ejecutor de las normas tributarias, no puede interpretar o reformar la ley a través de reglamentos con la finalidad de disturbar a los contribuyentes. La tramitología del cumplimiento requiere ser simplificada, pues no es aceptable que un contribuyente deba gastar 60 días al año en llenar formularios que, de no hacerlo, causan penalizaciones por concepto de multas e intereses que llevan a las criticadas remisiones y amnistías tributarias.

¿Hay la voluntad política para ser constantes? No estoy seguro, pero hay que dejar puesta la pica en Flandes.

Fuente: EXPRESO

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