Francia y su primer ministro, François Bayrou, tienen el reto de ahorrar 40.000 millones de euros en 2026 al Estado mientras se enfrentan a una amenaza de moción de censura de la Asamblea Nacional. Todo esto sin subir impuestos, solamente recortando el gasto hasta un 6% para 2029. El dirigente galo, ante las dificultades que esto enmaraña, presentó este martes un balance de las demacradas cuentas públicas para intentar pasar por alto la censura parlamentaria.
El primer ministro francés apeló a “la conciencia de nuestros conciudadanos” para apoyar “una acción decidida” que sanee las cuentas públicas del país. Bayrou fue claro: “la deuda del país es una trampa peligrosa y potencialmente irreversible”.
El déficit público de Francia en 2024 se situó en el 5,8% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE). Esto representa una ligera mejora respecto a las previsiones iniciales del gobierno, aunque sigue siendo una cifra elevada y lejos del 3% del PIB que exige la UE.
En cuanto a la deuda, al cierre del cuarto trimestre de 2024 estaba en el 113% del PIB (3.305,3 mil millones de euros), lo que supera de manera muy amplia el límite del 60% del endeudamiento que exigen los mandatos comunitarios. Además, las previsiones indican que la deuda podría continuar aumentando en los próximos años, alcanzando aproximadamente el 117?% del PIB en 2026, impulsada por déficits fiscales persistentes
Teniendo en cuenta todo este planteamiento, el líder del Ejecutivo galo mantuvo una reunión con una comisión de emergencia presupuestaria, donde los miembros de su Gobierno, parlamentarios, Seguridad Social y sindicatos hablaron del maltrecho estado de las cuentas públicas. En su discurso, Bayrou optó por mantener la honestidad y la franqueza: “Francia carece de medios para financiar sus políticas públicas porque no produce lo suficiente, no trabaja lo suficiente”.
A priori, cuando una economía se desbarajusta y el gasto supera con creces a los ingresos, los dirigentes tienen dos vías concretas para corregirlo: bajar el gasto o subir impuestos y endeudarse. En este sentido, Bayrou dejó claro que lo segundo “son dos soluciones fáciles” pero “insostenibles”. Según él, el hecho de subir los impuestos y endeudarse más “como venimos haciendo desde hace décadas” ha provocado un “sobreendeudamiento” del país, dijo.
Es por eso que François Bayrou comunicó la decisión del gobierno de adelantar el proceso habitual de elaboración del presupuesto para 2026, con el objetivo de “recoger todas las aportaciones y propuestas” de manera más amplia.
“Nuestro objetivo es que estas opciones se propongan antes de las vacaciones, antes del 14 de julio”, declaró, mientras que la revisión del presupuesto tendrá lugar, como cada año, en otoño en el Parlamento.
Cuatro direcciones para solucionarlo
Para dar respuesta a toda esta situación presupuestaria, Bayrou aseguró que el Gobierno se marcó “cuatro grandes directrices”. La primera sería “la independencia de Francia en materia de Seguridad y Defensa”. Es por ello que anunció “un esfuerzo” de 3.000 millones para aumentar el gasto en esta dispensa en los Presupuestos de 2026.
Seguidamente, el primer ministro habló de “un rechazo al sobreendeudamiento”, con el objetivo de volver a un déficit del 3% para 2029, tal y como habían anunciado. Finalmente, planteó una “revisión de la acción pública” para dar prioridad a inversiones industriales y tecnológicas que produzcan “vitalidad económica”.
El Ejecutivo galo se ha fijado como objetivo reducir el gasto público en un 6 % de aquí a 2029, aunque sin aplicar recortes radicales. Así lo aseguró la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, quien apuntó a varias líneas de actuación: la posible fusión o supresión de determinados organismos estatales, el control del aumento de las bajas laborales, la revisión del sistema de contratación pública para contener los costes, y la reconsideración de ciertos servicios gratuitos que, según advirtió, podrían fomentar la irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Fuente: Revista El Economista
