Francia cerrará el año disputándole seriamente a Alemania el título de hombre enfermo de Europa. París, no obstante, será el indiscutible ganador en lo que respecta a su déficit público, ya que arrojará en 2024 su mayor nivel desde los inicios de la crisis de las primas de riesgo europeas, en 2010-2011 (excluyendo la excepcionalidad que supuso la pandemia). El país vecino espera cerrar este año con un descubierto en sus cuentas públicas equivalente al 6% del PIB.
Los galos están un callejón de difícil salida ya que, según los últimos datos de la OCDE, crecerá un magro 0,7%. Un cocktail poco favorable que hace que la euforia olímpica de París se baje como un suflé.
El nuevo Gobierno, encabezado por el conservador, Michel Barnier, ha puesto a funcionar toda la maquinaria económica del país para poder corregir esta situación y evitar una debacle presupuestaria en la segunda economía del Euro.
Esta semana, Barnier y sus ministros de Finanzas y Presupuestos, Antonie Armand y Laurent Saint-Martin, presentarán ante la Asamblea Nacional (Cámara Baja) su proyecto de Presupuestos para 2025 en el que plantean un plan de ahorro de 60.000 millones de euros, según informaron fuentes oficiales a elEconomista.es.
En su discurso de apertura de legislatura ante la Asamblea Nacional, el conservador Michel Barnier aseguró que dos tercios de ese esfuerzo fiscal vendrán del “recorte del gasto público”, es decir, cerca de 40.000 millones de euros, mientras que el restante (menos de 20.000 millones) vendrán del aumento de los impuestos a grandes empresas y fortunas, entre otros. Antonie Armand aseguró en varias entrevistas que este incremento de impuestos va a ser “de carácter temporal”.
La herencia de Attal
El anterior Ejecutivo, encabezado por Gabriel Attal y con Bruno Le Maire al mando del Ministerio de Finanzas (Bercy), deja una herencia al nuevo Gobierno “mucho peor de lo que nos contaban”, aseguraron fuentes fuentes oficiales a elEconomista.es.
A finales del mes de abril del año pasado, las previsiones de Le Maire hablaban de un objetivo de recortar el déficit público hasta el 2,7% hasta 2027 y contraer el volumen de la deuda pública hasta el 108,3%. La vía para conseguir eso sería recortar, única y exclusivamente, el gasto público, a la vez que rebajaban impuestos a diestro y siniestro. “La mejor forma de reducir el endeudamiento es aumentar la riqueza nacional”, aseveró Le Maire por aquel entonces. Estaba muy seguro de sus cálculos, o al menos así se mostraba.
Pero la entrada del año y el cierre fiscal trajo enormes sorpresas y destapó las cuentas de la lechera de Bercy. Francia cerró el año 2023 con un descubierto en sus cuentas de 154.000 millones de euros, lo que supone el 5,5% del PIB del país, cuando el Ministerio se había fijado un objetivo del 4,9%.
La deuda también sorprendió fuertemente al acabar en los 147.400 millones de euros, es decir, en el 110,6% del PIB, cuando las estimaciones de Bercy eran del 109,7%.
El gran lastre vino por parte de los ingresos. Bruno Le Maire no se esperaba esa debilidad. Tanto los ingresos procedentes del impuesto de sociedades como del IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF fueron “decepcionantes”, aseguró la economista senior de Francia y Suiza de ING Economics, Charlotte Montpellier, en un informe para clientes.
La imagen de Macron no paraba de deteriorarse, y así se vio en las elecciones europeas del 9 de junio. La ultraderecha de Resemblement Nacional (Reagrupación Nacional) de Marine Lepen y Jordan Bardella venció con el 31,5% de los votos en los comicios comunitarios.
Tras estos resultados, a Macron no le quedó otra que disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones Legislativas. El resultado: un parlamento muy fragmentado, sin mayorías legislativas, con un Gobierno al que le va a ser muy difícil sacar adelante este proyecto de presupuestos que planteará el próximo 10 de octubre.
Entre medias de todo esto, el Ejecutivo de Attal seguía bajo el mantra de recortar impuestos y los mercados seguían reaccionando en su contra, hasta el punto de que el bono portugués o el español a diez años era más rentable que los bonos franceses.
A finales del mes de septiembre se produjo un hecho histórico en los parqués. Por primera vez en 16 años exigían más rentabilidad a la deuda francesa que a la española. Concretamente, los bonos galos a 10 años cotizaban -a 26 de septiembre- con una rentabilidad de 2,965% frente al 2,938% de los españoles. Esto provocó que la prima de riesgo (diferencia con el bono alemán) fuese de 80 puntos en el país vecino, frente a los 78,1 del parqué de Madrid.
Ahorro y más ahorro
El plan que va a plantear Barnier esta semana a la Asamblea es el de un importante recorte del gasto público para corregir el déficit al 5%para 2025 y llegar al objetivo del 3% del PIB en el año 2029. Aunque Bruselas lo exija en 2027, desde París confían en la flexibilidad del nuevo plan fiscal europeo.
“El primer remedio para la deuda es reducir el gasto. En 2025, dos tercios del esfuerzo de recuperación provendrán de eso”, aseveró Barnier. El jefe de Gobierno dijo que quiere “cazar duplicidades, ineficiencias, fraudes, abusos del sistema y alquileres injustificados”. Los franceses deben “obtener valor por sus impuestos”, declaró el primer ministro.
Pero, además del recorte del gasto público, desde Matignon (así se conoce a la sede del Gobierno de Francia) también van a “solicitar una participación a grandes empresas que obtengan beneficios importantes” y “una contribución excepcional a los franceses más ricos”, a través de una serie de impuestos temporales.
Con este recorte del gasto público, las dispensas estatales sobre el PIB caerían del 56,8% de este año al 56,3% en 2025. Sin embargo, sigue siendo el gasto público más elevado de la UE, con una media del 49%. Desde 2019, el gasto público de Francia creció en 200.000 millones y solo el año pasado se incrementó en 16.000 millones, según informó en su momento Le Maire.
Estos presupuestos que va a presentar el Gobierno galo prevén un crecimiento del PIB del 1,1% en 2025 tras un 1,1% que auguran en 2024, muy alejados de los cálculos de la OCDE. Por otro lado, la inflación media sería del 1,8%, frente al 2,1% de media de este año. En cuanto a los gastos, prevén que sean de 1,7 billones de euros el año próximo y prevén recaudar 1,56 billones.
Solidaridad
El ministro de Presupuestos (el equivalente al titular de Hacienda en España), Laurent Saint-Martin (macronista), dio a conocer en una entrevista en la televisión pública France 2 el perfil de “franceses afortunados” que realizarán esa “contribución excepcional” con el impuesto a las grandes fortunas. Así, la tasa se va a aplicar sobre las rentas que tributen al año “más de 500.000 euros” en el IRPF.
“Podemos pedir legítimamente a los contribuyentes más ricos de este país que participen de manera excepcional y temporal en este esfuerzo de recuperación”, aseveró Saint-Martin en la entrevista del Télématin.
El ministro reiteró que esto sirve para “mostrar que la política de crecimiento, la política de inversión, ha dado sus frutos desde 2017, lo que significa que hemos reducido el desempleo, hemos abierto más fábricas de las que hemos cerrado, debe continuar”.
En líneas generales, y a pesar de la débil situación económica que atraviesa el país, el empleo se mantuvo resiliente en Francia. En el segundo trimestre de este año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE,), la tasa de desempleo cayó un 0,2%, hasta los 2,3 millones de personas. Esto supone un recorte de 40.000 personas con respecto a los tres primeros meses del año y sitúa la tasa de desempleo en Francia en el 7,3%.
Preguntado por el mecanismo que emplearía el Ejecutivo para abordar esta nueva tasa impositiva, el ministro no supo precisar cómo lo van a llevar a cabo. “Veremos el mecanismo que adoptaremos”, aseveró. Aunque recordó que este tipo de medidas temporales ya se habían adoptado “durante la crisis financiera de 2008”.
Sin pasar por la Asamblea
Barnier confía en su trayectoria como negociador, hay que tener en cuenta que fue el encargado de liderar la negociación entre la UE y Reino Unido tras le Brexit, aunque está claro que todo esto va a ser un debate arduo, ya que no cuenta con mayoría en la Cámara Baja.
A pesar de todo, si hay falta de consenso, es posible que recurra a la herramienta constitucional que evita la votación, tal y como se usó durante la reforma de las pensiones. La carta magna permite que el texto se pueda aprobar directamente tras la deliberación previa del Consejo de Ministros. Este artículo dice que solamente se puede echar atrás la aprobación si le presentan “una moción de censura durante las 24 horas posteriores”. El requisito es que esta moción debe ser firmada, al menos, por una décima parte de la Asamblea Nacional.
Antonie Armand sigue repitiendo que los aumentos de impuestos temporales “solo afectarán” a las clases más adineradas del país y a las empresas con un gran volumen de ingresos. En una entrevista en la radio privada RTL el pasado miércoles, el titular de Economía reiteró que no se van a alterar los tipos del IRPF y que no van a subir los impuestos “de las clases medias.
Un alza fiscal de 20.000 millones que no basta para cumplir con Bruselas
El enorme problema fiscal de París obliga al Gobierno a aplazar el objetivo de déficit por debajo del 3% del PIB dos años. Según las reglas fiscales fijadas por Bruselas, los países miembros deben acotar sus números rojos antes de 2027.
A pesar de que el nuevo ejecutivo galo se ha puesto a trabajar para corregir el abultado déficit con este plan de ahorro de más de 60.000 millones de euros para 2025, el descubierto en sus cuentas cerrará, según las propias revisiones del Gobierno, en torno al 5% del PIB.
En su discurso ante la Asamblea Nacional, Barnier aseguró que dos tercios de ese esfuerzo fiscal vendrán del “recorte del gasto público”, (40.000 millones) mientras que el restante (menos de 20.000 millones) vendrá de impuestos. El mecanismo que van a emplear para recaudar todo ese monto es a base de impuestazos a las grandes empresas y a los ricos.
Poco se sabe de los detalles de este plan. Lo que sí pudo conocer elEconomista.es, de manos de fuentes oficiales, es que van a aplazar la revalorización de las pensiones del 1 de enero de 2025 al primero de julio para aliviar a la Seguridad Social.
El jefe de Economía del canal de televisión de TF1, dijo que posponer la indexación de las pensiones al primero de julio significa ganar medio año, lo que supone “un total de 4.000 millones de euros, de los cuales el Estado recibe la mayor parte, cerca de 3.000 millones”.
El experto recalcó que esto “es una contribución significativa a los esfuerzos que tendremos que hacer el próximo año mientras el Estado busca la manera de ahorrar miles de millones de euros”. A inicios de este año, las pensiones básicas se incrementaron un 5,3% al indexarlas al IPC.
En el periódico Le Parisien explicaban que Barnier quiere triplicar la contribución excepcional para los más ricos con la que espera recaudar 3.000 millones de euros. Al mismo tiempo, subirá el tipo impositivo a las grandes empresas que ingresen más de 1.000 millones del 25% al 33%, con lo que pretenden recaudar hasta 8.000 millones. A eso hay que sumar un aumento de 3.000 millones en el impuesto a la electricidad y otros 3.000 millones adicionales a las empresas energéticas y a las recompras de acciones.
En el caso de las grandes fortunas, el ministro de Presupuestos, Laurent Saint-Martin, adelantó que esta medida va a afectar a “unas 65.000 familias” cuyos miembros, en su conjunto y no de manera individual, tributen más de 500.000 millones de euros anuales. Esto quiere decir que esta imposición, que todos los miembros del Gobierno se esfuerzan en recalcar que es “temporal”, afectará al el 0,3% de los 20 millones de contribuyentes galos que pagan el impuesto sobre.
Por otro lado, el gasto sanitario (que en Francia depende de la Seguridad Social) también lo recortarán del 3,2% del PIB este año hasta el 2,8% en 2025.
Fuente: Revista El Economista
