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Foro Internacional reconoce a Guayaquil por el buen manejo de los servicios de agua y alcantarillado durante la pandemia

Destacados técnicos y especialistas de Iberoamérica en el sector del agua y saneamiento reconocieron las acciones que la EMAPAG-EP, con el aval de la Alcaldía de Guayaquil, ha llevado adelante en favor de la ciudad durante la emergencia por la pandemia de COVID-19.

El Ec. Roberto Lezcano, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (Aderasa), felicitó el extraordinario trabajo realizado por EMAPAG-EP y la Alcaldía en pandemia y relievó que como ente regulador la institución supo entender que el sector de los servicios es estratégico para asegurar la salud pública.

Las acciones realizadas en Guayaquil por la Alcaldía y EMAPAG-EP fueron presentadas por el Ing. Andrés Mendoza Paladines, Presidente del Directorio y delegado de la Alcaldesa, en el CONVERSATORIO DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN FRENTE AL COVID-19, organizado por la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (ADERASA).

El Ing. Óscar Pintos, Presidente de Aderasa, calificó de muy buena la exposición de EMAPAG-EP y las decisiones regulatorias adoptadas para enfrentar de mejor manera la crisis ocasionada por el COVID-19.

Catorce países participaron para exponer sus casos e intercambiar sus experiencias. En lo más recio de la pandemia se han tomado decisiones trascendentales para el bienestar de los habitantes de Guayaquil, destacó el Presidente del Directorio de EMAPAG-EP, quien detalló que se ha mantenido la tarifa mientras duró el estado de excepción; no hubo cortes por falta de pago y se reconectó oportunamente quienes estaban sin la dotación del servicio; se mantuvo la continuidad y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario; se incrementó la dosificación de cloro en la planta potabilizadora La Toma a 1.5mg/l; se dio abastecimiento de agua potable por tanqueros de forma gratuita en el populoso sector de Monte Sinaí y en parroquias rurales costeras, se exoneró de pago a 211.000 familias (el equivalente a 1 millón de habitantes) que consumieron hasta 15 m3 los meses de marzo y abril.

 

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