La Comisión de Fiscalización emitió el informe con la recomendación de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, una vez que estableció que el exfuncionario incumplió funciones en la represión de las movilizaciones de junio de 2022 y por sus actuaciones en torno al femicidio de María Belén Bernal, ocurrido el pasado 11 de septiembre, en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”.
Entre las conclusiones del informe, la comisión determina que los enfrentamientos entre Policía y manifestantes, que se dieron en junio de 2022, revelaron una falta de planificación del entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, así como también un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y una falta de consideración por la seguridad de los manifestantes, incluyendo niños, adultos y mujeres.
Así mismo, que el Ministerio del Interior falló en su obligación de proteger los derechos de los ecuatorianos, al permitir el uso progresivo de la fuerza y el uso de gas lacrimógeno para el desalojo de los manifestantes. Igualmente, que la falta de certeza jurídica que genera el desconocimiento de las herramientas legales a disposición de los policías, la poca capacitación acerca de las mismas, provoca una pérdida de confianza y, por tanto, un aumento en la inseguridad ciudadana, haciendo cada vez más importante que esta situación sea resuelta con la creación y constante capacitación de un procedimiento de operaciones, tomando en cuenta los derechos humanos, así como la aplicación ética de los estándares de control de la violencia.
Determina que la Policía Nacional ha ejecutado una requisición a la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, que ha transgredido la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO.
Finalmente, sobre el femicidio de la abogada María Belén Bernal, concluye que hubo actuaciones y respuestas tardías que, solamente desde el 15 de septiembre de 2022, 4 días después de la última vez que habría sido vista con vida, comenzaron a efectuarse con la solicitud de detención del sospechoso. Solamente desde el miércoles 14 de septiembre de 2022, es que agentes de la Fiscalía y Policía Nacional, realizaron el primer barrido de la Escuela Superior de Policía y se reunió el Alto Mando Policial para coordinar la búsqueda; y, posteriormente, el viernes 16 de septiembre de 2022 se formuló cargos y ordenó la prisión preventiva de la única cadete arrestada dentro del mencionado caso.
El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a fin de que, dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), convoque a la sesión en la cual se desarrollará el proceso, con la presentación de los argumentos de cargo y el ejercicio del derecho a la defensa del exfuncionario, a fin de determinar su inocencia o culpabilidad.
Fuente: asambleanacional.gob.ec