La Comisión de Fiscalización y Control Político concluyó la recepción de los argumentos de cargo y de descargo en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Carlos Alberto Riofrío, contralor general del Estado subrogante, presentada por Ronny Aleaga, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.
El solicitante del juicio, Ronny Aleaga argumentó el presunto incumplimiento de funciones al determinar que solo los procesos contractuales en los cuales el presupuesto referencial sea inferior a los USD 962.420.93 (novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinte dólares con noventa y tres centavos) requerirán del informe de pertinencia previsto en la ley, con lo cual 10.000 procesos quedan fuera de este instrumento de control.
Aseguró que la exclusión de este requisito para los contratos que no superen el monto establecido, de ninguna manera contribuye al fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales. Insistió en que el Contralor subrogante incumplió sus funciones, hecho que evitó que un gran número de contratos tenga este mecanismo de verificación, previo por parte de la autoridad de control.
De su lado, Carlos Riofrío, explicó que, a raíz de las reformas introducidas a varios cuerpos legales, entre ellos las leyes de Contratación Pública y de la Contraloría General del Estado, así como los cambios al Reglamento de Contratación Pública, dispuestos por el Presidente de la República, mediante Decreto 155 de 12 de agosto de 2021, la entidad institucionalizó, a través de varios instrumentos normativos internos, la emisión de los informes de pertinencia. Inclusive se creó la Dirección de Contratación Pública, a fin de agregar valor a la gestión de Contraloría.
Aseveró que, desde que asumió su cargo, en junio de 2021, ha cumplido a cabalidad con las funciones que le corresponden, de conformidad con la ley, lo cual se resume en 800 informes generales de auditoría, 203 informes con indicios de responsabilidad penal remitidos a la Fiscalía General del Estado, así como en un incremento del 350% en los valores recaudados por concepto de glosas.
Concluida esta etapa, la Comisión de Fiscalización y Control Político se acogerá al plazo de cinco días para la elaboración del informe por el cual recomendará el juicio político o, en su defecto, el archivo de la solicitud.
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