La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó la recepción de pruebas testimoniales en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), en su orden. En esta ocasión, recibieron a Juan Paredes, juez de la Sala Penal de la Corte de Guayas; Henry Arcos, director de Asesoría Jurídica del Consejo; y, Roger Cusme, exconjuez nacional.
Juan Paredes cuestiono el proceso administrativo sancionatorio seguido en su contra desde marzo de 2022, por presunta negligencia manifiesta, pues se han violado las garantías del debido proceso y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, ya que la doctora María Josefa Coronel, directora del CJ Guayas, expresó públicamente -en entrevista televisada- que haría todo lo posible por sancionarle.
De su lado, Henry Arcos, en su condición de director de Asesoría Jurídica, defendió las actuaciones del Consejo de la Judicatura en cuanto al proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Negó que el órgano de Gobierno de la Función Judicial haya delegado su atribución a otra instancia. La evaluación la hizo el Consejo con una Comisión de Apoyo, dijo.
Explicó que una vez posesionados los últimos conjueces, a finales del período presidido por el doctor Gustavo Jalhk, se agotó el banco de elegibles, como consta en la resolución adoptada por el propio organismo. Así mismo, subrayó que sí existe norma que faculta al Consejo la creación de cargos temporales, en este caso, en el rango de conjueces.
Roger Cusme, excojuez de la Corte Nacional de Justicia aseveró que la reparación integral por el daño irrogado a los exjueces y conjueces debió consistir en la restitución de sus respectivos cargos.
Consideró que la evaluación no tuvo sustento constitucional ni legal, que fue un invento y una arbitrariedad cometida por los miembros del Consejo de la Judicatura.
Finalmente, los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político acordaron insistir en la comparecencia del presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada Prado, al recordar que ninguna autoridad está por encima de la ley y que tienen la obligación de aportar en los procesos de fiscalización, en este caso, dentro de la sustanciación de un juicio político.
Fuente: Asamblea Nacional