La Comisión de Fiscalización sesionará este jueves, 16 de febrero, a las 14h00, para conocer y calificar la solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo y de los secretarios de Seguridad Pública, Diego Ordóñez; y de Derechos Humanos, Paola Flores, por incumplimiento de funciones por el inadecuado control de las protestas de junio de 2022; las matanzas en las cárceles; la inseguridad ciudadana; las consecuencias del narcotráfico; y, el femicidio de María Belén Bernal. La solicitud fue planteada por los asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez.
Entre los hechos de la primera causal, los legisladores incluyen la detención ilegal del dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, así como la muerte del ciudadano Henry Quezada, exintegrante de movimientos estudiantiles, acaecida por impacto de 99 perdigones, el 23 de junio de 2022. Subrayan que en diversos lugares del país se evidenció violencia y represión de parte de la fuerza pública, como constan en denuncias efectuadas por manifestantes, en medios de comunicación.
Sobre los hechos de violencia en varias cárceles del país, que tuvieron como saldo la muerte de varias personas privadas de libertad, indican que en febrero de 2022 la Secretaría de Derechos Humanos entregó a la Presidencia de la República un programa de políticas públicas para el sistema de rehabilitación social, que fue presentado como una solución al problema carcelario. Sin embargo, no se ha podido evidenciar, hasta la fecha, que dicho plan haya funcionado y desde esa fecha (hasta la presentación de la solicitud de juicio político), el país afrontó cuatro nuevas masacres carcelarias, con 77 ciudadanos fallecidos.
Respecto de la inseguridad ciudadana, los asambleístas subrayan que, conforme datos de la Policía Nacional, desde el 1 de enero y 10 de agosto de 2021, hubo 1.156 homicidios intencionales en todo el país, mientras en 2022, en el mismo período, la cifra aumentó en más del doble. A pesar de que incluso se ha declarado un estado de excepción para frenar la violencia e inseguridad, entre enero y agosto de 2022 se registraron 2.509 homicidios intencionales.
También advierten que la introducción de narcotráfico en el país trae consigo que se adentren algunas actividades delincuenciales, como el lavado de dinero, a través de préstamos, el cobro de vacunas por protección de locales y barrios, y quien no acceda al pago o no se adecue a las necesidades del narcotráfico, debe desaparecer a través del sicariato, actividad que ha llegado a tomar forma en el país, con jóvenes que se prestan para estas actividades a cambio de dinero.
Por último, los legisladores recuerdan que el Estado debe brindar la protección a todos los habitantes del Ecuador y que la Policía Nacional es el ente encargado de proteger los derechos y libertades de los ecuatorianos, para lo que tiene un proceso de formación de cadetes, a través de la Escuela Superior de Policía y fue, precisamente, en sus instalaciones donde se produjo el femicidio en contra de María Belén Bernal, muerte que requiere de un análisis de las omisiones del personal de guardia, el Director de la Escuela, del oficial de control, de los propios aspirantes, pues se evidencia una cadena de omisiones de cumplimiento de derechos humanos y de alteración de la escena de crimen.
Fuente: asambleanacional.gob.ec