Como autores directos del delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución constitutiva de una grave violación a los derechos humanos fue la calidad en la que emitió el dictamen acusatorio, la mañana de este sábado, la fiscal Claudia Romero contra los nueve militares activos y pasivos investigados por el asesinato de un policía y dos militares ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).
Según Romero, la Fiscalía investigó el delito de asesinato cometido contra el policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Froilán Jiménez, y el soldado y cabo del Ejército, Darwin Panchi y Jacinto Cortéz, respectivamente, bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos.
Por las tres muertes la Fiscalía acusa a los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera y a los militares activos Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe.
Este caso inició por el delito de homicidio, pero más adelante la Fiscalía reformuló cargos para analizar el delito de asesinato contemplado en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).