El archivo de la denuncia por prevaricato interpuesta por el exvicepresidente Jorge Glas contra la jueza Diana D’Ambrocio, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias del cantón Latacunga, es lo que solicitó, el 4 de mayo pasado, el fiscal provincial de Cotopaxi, Segundo Augusto Semanate. De momento, el trámite está en manos de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi.
Además de la denuncia, Semanate pide que se archive la investigación previa iniciada para indagar la posible comisión del delito señalado por el líder del correísmo.
D’Ambrocio fue la jueza que el 7 de enero de 2022 no dio paso al pedido de unificación de penas que hizo Glas en Latacunga, pues estaba detenido en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi cumpliendo dos penas en firme y una de primera instancia por actos de corrupción, y el 21 de enero siguiente negó la apelación a ese fallo.
La jueza argumentó que el recurso de apelación no fue presentado en los tiempos previstos en la ley; mientras que los abogados de Glas insistían en que cumplieron los tiempos definidos para presentar la apelación, es decir, desde su perspectiva, después de haberse notificado la sentencia por escrito.
En su momento, la jueza Diana D’Ambrocio no consideró el pedido de unificación de penas de Glas porque existía un caso en su contra que no tenía sentencia ejecutoriada. En aquel proceso penal se investigaba un delito de peculado, el caso denominado Singue. Glas en esa causa fue condenado en primera instancia a ocho años de cárcel, pero finalmente se declaró la nulidad procesal del caso.
Jorge Glas y su defensa pretendían que se diera paso a la unificación de penas únicamente por los casos de asociación ilícita relacionada con la trama de corrupción de Odebrecht, en el que recibió una pena de seis años de reclusión menor, y la sanción de ocho años por el cohecho pasivo agravado definido dentro de la causa Sobornos 2012-2016. La unificación se concretó a inicios de 2023 por orden de la jueza de Penitenciaría de Pichincha, Melissa Muñoz.
Como parte del trámite de archivo, quien está a cargo de la causa, antes de tomar cualquier resolución, debe comunicar al denunciante y al denunciado en el domicilio señalado o por cualquier medio tecnológico para que se pronuncien en el plazo de tres días sobre el archivo solicitado por el fiscal Semanate. (I)
Fuente El Universo