“Esto es un paso muy grande porque trasladamos ya las acciones de la mesa a Colombia”, asegura Guerrero, quien explica que ya habrá equipos de trabajo permanentes de ambas partes “por lo menos estos seis meses”, durante el cese al fuego temporal, “y de ahí, lo que siga adelante”.
“Nunca antes se había llegado con el ELN a este punto”, recalca el negociador, que señala al 3 de agosto como una fecha clave porque supone el inicio del cese al fuego completo y del diseño del sistema de participación de la sociedad. Ahí, explica, es donde los protocolos que se han firmado este viernes tras varias semanas de trabajos en dos mesas paralelas -en La Habana y Bogotá- son esenciales, pues contienen la letra pequeña que articula cómo implementar sobre el terreno lo acordado previamente.
Equipos conjuntos de efectivos de fuerza pública y ELN
Entre los protocolos, Guerrero destaca el complementario al mecanismo de monitoreo, el de la mesa de diálogo que “rige y coordina” el cese al fuego, el de seguridad del ELN, el de seguridad de los integrantes del sistema de verificación y el que describe el funcionamiento de la veeduría social.
El Gobierno de Colombia y el ELN han acordado un mecanismo con 22 oficinas para unos 100 municipios y sus alrededores desde donde se realizará el monitoreo y la vigilancia en las “regiones de presencia histórica” del ELN, de acuerdo con el trazado de los “frentes”.
Además habrá sedes regionales y nacionales de monitoreo, con “equipos conjuntos” -con representantes del ELN y “efectivos de la fuerza pública”-, donde se llevará el registro, “para documentar e informar al sistema” de posibles incidentes, y también para tareas de prevención.
En todos los niveles habrá integrantes de un “grupo muy grande” de Naciones Unidas, conformado íntegramente por personal no colombiano por cuestiones de seguridad e imparcialidad, agrega Guerrero. Está previsto que este sistema entregue informes periódicos y especiales, si fuese necesario, a la mesa de diálogo sobre el cese al fuego, que se instituye como la “máxima autoridad” en la aplicación de este asunto.
Si el sistema de monitoreo se encarga del “registro”, “análisis”, “evaluación” y elaboración de “recomendaciones”, la mesa es la que “toma las determinaciones” y tiene incluso la potestad de “destacar una comisión especial” que acuda a un territorio concreto.
Plan nacional de participación: ambiente, étnico y empresarial
En cuanto a la participación, los documentos técnicos acordados contemplan que entre agosto y diciembre una mesa con ambas partes y expertos trace su “diseño básico” y que para finales de año se aliste un “plan nacional de participación” que pueda implementarse ya en 2024.
Guerrero indica que en la segunda mitad del año se prevé que se realicen “eventos regionales y nacionales”, así como “sectoriales” (ambiente, étnico y empresarial, entre otros) para elaborar “las propuestas de transformación social y económica que requiere el país en el marco de este proceso para el fin del conflicto”.
La mesa de participación contará con 81 delegados de diferentes sectores, de la academia a los grupos étnicos y las organizaciones ambientalistas, y el empresariado (que contará con cinco delegados), además de representantes del Gobierno colombiano y del ELN.
Prohibidos el secuestro, la retención, la utilización de personas civiles y el confinamiento
Guerrero subraya que a partir del 3 de agosto, cuando entra en vigor el cese al fuego completo, “está prohibido el secuestro, la retención, la utilización de personas civiles y el confinamiento”, como dicta el derecho internacional humanitario. Queda por detallar una consecuencia de ese acuerdo, la cuestión del financiamiento, que “seguramente” se empiece a abordar en el cuarto ciclo de diálogos, que arranca el 14 de agosto en Venezuela, señala el negociador del Gobierno colombiano.
Aclara que en esta “primera fase” del proceso ya hay “un diálogo frente al tema de cómo se va a sostener el ELN”, pero considera que más adelante es cuando debería dirimirse, de forma conjunta con los países garantes y acompañantes y la comunidad internacional, la organización de “unos fondos ya en esta perspectiva”.
“Se está buscando un mecanismo, como fue con el proceso que se realizó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Una vez que esto vaya hacia el fin del conflicto, hay unas condiciones legales y de ambiente en la comunidad internacional para la financiación correspondiente”, confía Guerrero.
La agenda del cuarto ciclo no está por el momento cerrada y, además de la cuestión del financiamiento, es probable que en Venezuela se retomen los temas humanitarios.
Fuente: dw.com