Financiamiento para cubrir Ley de Educación Intercultural, aprobada por Asamblea y Ejecutivo, equivale a subir el IVA del 12% al 18%, advierte ministro Pozo

El incremento de salarios básicos para maestros que consta en la Ley de Educación Intercultural, aprobada por unanimidad por la Asamblea y enviada al Registro Oficial con la aprobación del presidente Lenín Moreno, el 10 de abril pasado, no sería viable porque no cuenta con el financiamiento adecuado. Así lo explicaron varios actores del Gobierno y expertos económicos.

La norma establece un salario básico para maestros de 2,5 veces el salario básico unificado. En este año sería $ 1.000; además esto eleva la remuneración por categorías y se permite una jubilación más flexible.

Sin embargo, el propio ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, dijo esta semana, que para cubrir el incremento salarial que se plantea en dicha ley se requieren $ 3.000 millones de ingresos permanentes. Esto es un equivalente a subir 6 puntos el impuesto al valor agregado (IVA), es decir del 12% al 18%. Al no existir los recursos, la ley sería inconstitucional, advirtió el ministro.

Sobre el motivo por el cual el Ejecutivo no vetó la ley, Pozo dijo que el razonamiento de ese momento fue que se le quería cargar al presidente Moreno con toda una responsabilidad política, haciéndole a él ponerse en contra de los maestros, cuando fueron los propios asambleístas, incluidos los de los bloques de los entonces candidatos presidenciales los que la aprobaron.

Por ello, tal vez Moreno en el anuncio de que enviaba la ley al Registro Oficial, dijo que lo celebraba por los maestros que serán los mayores beneficiarios, pero acotaba: “Entiendo que las bancadas de los dos candidatos presupuestaron los recursos para implementarla como manda la Constitución”.

Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), la propuesta ley desestabiliza las finanzas públicas de manera desproporcionada, es contraria a la Constitución que dice que en su artículo 287: “Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente”. Pero además presiona aún más a la ya quebrada Seguridad Social. Esta no resiste un sistema con jubilaciones más tempranas.

Carrera consideró que en la aprobación de esta ley ha habido irresponsabilidad tanto de los asambleístas como del presidente Moreno. “El Ejecutivo debió vetarla”, asegura.

En este contexto, desde ya se buscan escenarios para resolver el problema de la falta de financiamiento.

El propio ministro Pozo dijo que una opción sería la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. Pero no dijo quién podría hacerlo. En todo caso, dijo que es inejecutable porque “le pongan a quien le pongan en el Ministerio, o si le pusieran una pistola en la cabeza”, no se podrá pagar lo que dice la ley, pues no existen los recursos.

Para Carrera, hay dos posibilidades; la primera, que se haga una demanda de inconstitucionalidad, y la segunda, que los asambleístas que aprobaron la ley apoyen una reforma tributaria que genere esos ingresos corrientes. Esto, porque para financiar gasto corriente se requieren ingresos de ese mismo tipo.

Según Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, la ley no es viable y establece discrímenes en el interior del propio sector púbico, que en su totalidad no ha sido beneficiado por ningún aumento salarial desde el 2012.

Explicó que no se duda del derecho que tengan los maestros a recibir una remuneración mejor, pero tampoco hay duda de que los otros servidores púbicos también tengan derecho a compensar su pérdida de poder adquisitivo. Para García, se trata de una ley sin financiamiento que es igual a “pura demagogia”.

García dijo lo que sucederá con esta ley es que no se podrá ejecutar. Explicó que ya existe un déficit enorme y que el Gobierno apenas alcanza a pagar los salarios en las actuales condiciones. En todo caso, el representante de servidores públicos señaló que muy probablemente aparecerá algún espontáneo y presentará la demanda de inconstitucionalidad, que puede ser el camino para dejar insubsistente este segmento de la ley.

El representante gremial dijo que existen prioridades para el Gobierno, como por ejemplo, resolver la estabilidad de unos 150.000 empleados que están por servicios ocasionales o con nombramientos provisionales, los cuales podrían quedar sin empleo apenas se incorpore el nuevo gobierno. La pregunta sería cuál es la prioridad, subirles el salario a quienes ya perciben uno, o dar estabilidad a quienes no la tienen”, añadió.

Entre tanto, Isabel Vargas, presidenta de la UNE, en una carta abierta al presidente electo Guillermo Lasso, defendió la ley por una serie de reformas que harían menos autoritaria a la educación y le pidió que tras haberse aprobado de manera democrática, proceda a generar el reglamento necesario para poder aplicarla. (I)

Fuente: El Universo

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