La Federación Nacional de Empleados de los Consejos Provinciales del Ecuador (Fenacope) expresó su rechazo a la recientemente aprobada Ley de Integridad Pública.
Según el gremio la norma aprobada por la Asamblea Nacional, el 24 de junio de 2025, representa un grave retroceso en los derechos de los servidores públicos.
Fenacope cuestiona Ley de Integridad Pública
En un comunicado oficial, la organización rechazó la eliminación del artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que garantizaba el debido proceso mediante el sumario administrativo y aseguraba la estabilidad de los servidores de carrera.
A juicio del gremio, esta supresión abre la puerta a despidos arbitrarios, sin evaluaciones técnicas objetivas, y bajo criterios “discrecionales y subjetivos” de las autoridades de talento humano.
Otros puntos críticos que señala la organización
La Federación sumó a los cuestionamiento la transferencia de la competencia del sumario administrativo desde el Ministerio de Trabajo hacia las unidades de talento humano de cada institución.
Esa medida, afirma, compromete la imparcialidad del proceso, pues convierte a estas unidades en “juez y parte”.
Sobre las evaluaciones periódicas
Del mismo modo, desde la Fenacope se expresó la preocupación por las nuevas disposiciones sobre evaluaciones semestrales, que estarían bajo el control del superior inmediato, sin mecanismos de control externo.
Según se indicó en el comunicado, ese sistema puede convertirse en una herramienta de persecución y exclusión arbitraria, afectando la estabilidad del empleo público.
El gremio, a su vez, rechazó el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación a los 65 años, condicionada a la aprobación discrecional del empleador y sin compensaciones obligatorias.
A decir de la organización, con ese cambio se desconoce la trayectoria y esfuerzo de miles de servidores públicos a escala nacional.
La agrupación se declaró en estado de alerta y movilización nacional, y reafirmó su compromiso con la defensa del empleo público, la estabilidad laboral y la dignidad de los trabajadores que integran los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.
Fuente: elcomercio.com