Verónica Landín, César Terán y Alejandro Ramos, expertos en temas urbanísticos, expusieron sus criterios sobre el proyecto de Ley Orgánica Regulatoria de las Expresiones Gráficas Callejeras Urbanas, actualmente en trámite en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
La arquitecta Verónica Landín, entre sus observaciones, destacó que los grafitis no deben ser considerados actos vandálicos. Señaló que es pertinente realizar una diferenciación entre las expresiones artísticas, basada en una especificación técnica clara.
La mesa legislativa también recibió al abogado César Terán, quien se refirió al contexto de la iniciativa surgida en 2018. Explicó que, en ese entonces, se propuso una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar ciertos hechos ocurridos en la ciudad de Quito. No obstante, afirmó que, tal como está redactado el articulado, el proyecto debería reformularse completamente o ser archivado.
Por su parte, el arquitecto Alejandro Ramos reconoció el espíritu del proyecto, orientado a mejorar entornos urbanos actualmente descuidados; sin embargo, advirtió que, por razones técnicas y ciudadanas, la iniciativa legal debería ser archivada, ya que pretende regular comportamientos.
Entre las opiniones de los legisladores, Xavier Lasso consideró que el proyecto de ley tiene un enfoque punitivo, ya que no es posible determinar qué expresiones del arte popular son legítimas o ilegítimas. Pablo Jurado reflexionó sobre el uso del espacio público y la falta de alternativas para que la ciudadanía se exprese libremente.
Asimismo, el legislador Milton Aguas señaló la necesidad de regular el uso de los espacios públicos, ya que en algunos casos están siendo utilizados por grupos delincuenciales para delimitar territorios.
El legislador Cristian Benavides cuestionó quién tendría la potestad de determinar qué es estético y qué no lo es. Advirtió sobre el riesgo de coartar el pensamiento de las personas y propuso, en cambio, buscar mecanismos o estímulos para los artistas populares. El análisis de este tema concluyó con la intervención de la legisladora Patricia Núñez, quien lo abordó desde el manejo de datos personales.
Fuente: Asamblea Nacional
