La Comisión de Relaciones Internacionales, en el marco de tratamiento de los proyectos de ley unificados sobre movilidad humana, recibió en comisión general a Xavier Palacios, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar; y, Efrén Guerrero, doctor en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad Católica del Ecuador, quienes brindaron sus análisis y recomendaciones sobre los cambios estratégicos que podrían incorporarse a la normativa.
En su intervención, Xavier Palacios enfatizó la importancia de abordar la movilidad humana desde una perspectiva constitucional. Destacó que la Corte Constitucional ha reconocido la migración como un derecho fundamental, tanto para nacionales como para extranjeros, y que el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio.
Así mismo, resaltó que las políticas migratorias deben ser inclusivas y que los requisitos para el ingreso al país deben ser razonables, evitando obstáculos que puedan restringir el derecho a migrar. Por lo que, subrayó la necesidad de estructurar la normativa de manera clara, estableciendo principios generales para los procedimientos administrativos en materia migratoria, y aseguró que los recursos administrativos deben tener efecto suspensivo para evitar expulsiones injustificadas.
Por su parte, Efrén Guerrero destacó la importancia de adaptar la normativa a los estándares internacionales y a las obligaciones del Estado en materia migratoria. Subrayó la necesidad de diferenciar entre inmigrantes, solicitantes de refugio y víctimas de trata o tráfico ilícito de migrantes, para garantizar una regulación precisa y efectiva. Además, propuso replicar la estructura institucional establecida en la Ley Orgánica de Trata de Personas en la legislación migratoria, con el fin de mejorar su gestión y aplicación.
En este sentido, también insistió en la garantía del derecho a solicitar asilo y refugio en frontera, diferenciando claramente las figuras de asilo diplomático, asilo territorial y refugio, en concordancia con tratados internacionales. Advirtió sobre la prohibición de expulsiones colectivas y la necesidad de garantizar el debido proceso en casos de deportación, recordando antecedentes de expulsiones masivas que vulneraron derechos fundamentales.
Finalmente, en cuanto al certificado de antecedentes penales, sugirió que su uso debe estar debidamente justificado para evitar discriminación, aunque en materia migratoria podría ser un requisito legítimo si se establece con una motivación clara, por lo que recomendó establecer un criterio uniforme para determinar la gravedad de delitos que puedan restringir el ingreso al país, asegurando coherencia con el marco legal vigente y los principios constitucionales.
Fuente: asambleanacional.gob.ec
