Paúl Córdova, experto en contratación pública; y, Augusto Tandazo, experto en temas petroleros, comparecieron ante la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran Padrino”, para exponer insumos que aporten al proceso de fiscalización y control político que lleva el organismo.
El primero en intervenir fue Paúl Córdova, quien recordó que el Convenio Interamericano contra la Corrupción obliga a los Estados a trabajar en la prevención, detección, erradicación y sanción para eliminar actos indebidos en la administración pública. Agregó que la falta de acción del Estado en los procesos de control es lo que ocasiona la ineficiencia en los procesos de contratación.
Subrayó que el Servicio de Compras Públicas (Sercop) tiene 18 competencias que lo convierten en juez y parte en los procesos de contratación, lo que imposibilita cumplir el objetivo para el que fue creado. Indicó que en las distintas fases de contratación pública existen procesos susceptibles de vulneración que pueden derivar en direccionamiento de proveedor, manipulación de estudios de mercado y procesos de selección de proveedores a discrecionalidad y sin controles previos ni posteriores.
De su lado, el experto petrolero Augusto Tandazo señaló que el crédito de proveedores es una forma de contratación que abre la puerta a la corrupción, porque obliga a las empresas públicas a contratar compañías que el prestamista determina. Advirtió que el problema más grande es cuando estas prácticas indebidas se enquistan en los entes de control.
Destacó que el arbitraje internacional, que debe ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, se convirtió en la forma común de resolución que le ha metido la mano al Estado ecuatoriano por la falta de control y acción de la Procuraduría General del Estado.
A su criterio, el Presidente de la República debe responder por la persona que delegó para liderar la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y el directorio de todas las empresas públicas, quien actúa en su representación.
Sostuvo que los servidores de la Contraloría a cargo de las auditorías deben tener conocimiento de giro de negocio y el funcionamiento de las empresas públicas para que hagan un control adecuado.
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