El Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó el pedido –justificado legalmente– de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra el exjuez de Paján, Simón G., procesado por su presunta participación en el delito de prevaricato.
En la misma diligencia se ordenó la prisión preventiva para el ex Magistrado, la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la retención de cuentas que tenga en el sistema financiero nacional.
En la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscal Provincial de Manabí informó que la investigación en este caso inició de oficio, luego de conocer una noticia de delito (que fue hecha pública a través de una red social) sobre el accionar irregular del entonces Juez –en Paján–, relacionado con una acción de protección.
Luego de la investigación correspondiente, Fiscalía determinó que el procesado –abusando de sus atribuciones, sus funciones y desnaturalizando una acción constitucional– concedió una medida cautelar a favor de una persona sentenciada por el delito de robo con resultado de muerte. También, que habría actuado sin competencia, vulnerando lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional.
Eso fue sustentado en la audiencia con la presentación de elementos de convicción entre los que se incluyeron: copias certificadas del expediente sustanciado por el hoy procesado, así como la sentencia por robo con muerte contra María M., la beneficiaria de la acción constitucional.
Además, versiones, el informe investigativo, el resultado de un informe documentológico, entre otros, que permitieron establecer un nexo causal y la presunta participación del ex Juez en el delito de prevaricato.
Información jurídica
El artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que el delito de prevaricato será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.