Política

Exasambleísta Daniel Mendoza apela sentencia económica recibida en caso hospital de Pedernales

El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, dio paso a trámite a los recursos de apelación planteado por el exasambleísta Daniel Mendoza y seis personas más que fueron sentenciados por el delito de delincuencia organizada que existió en el proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales de 30 camas, en el que se desviaron dineros entregados como anticipo para la obra al Consorcio Pedernales-Manabí.

A inicios de noviembre pasado, Mendoza; su exasesor 1 en la Asamblea, Jean Benavides; el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo; el contratista Franklin Calderón; Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob, su excompañero Ángel Andrade y el exfuncionario público, José Santos, se acogieron al procedimiento abreviado consintiendo la admisión de los hechos investigados.

El exasambleísta como líder de la organización recibió una pena reducida de 50 meses de cárcel, no solo por el procedimiento abreviado, sino también por acogerse a la figura de cooperación eficaz. En cambio, por colaborar con la organización, acogerse al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz, Tamayo, Benavides y Calderón se les impuso una pena de 34 meses de prisión.

Cobeña, Andrade y Santos recibieron una pena de privación de libertad, pues solo se acogieron al procedimiento abreviado y no a la cooperación eficaz.

En este caso, el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz, también recibió una pena de 34 meses, pero no presentó una apelación a la sentencia.

Según el juez Rodríguez, se dan paso a los recursos de apelación planteados por haberlos interpuesto dentro del término de ley. «Se los concede para ante el superior, a donde acudirán los sujetos procesales a hacer valer sus derechos, (…) en tal virtud, por Secretaría, remítanse las piezas procesales pertinentes al Tribunal de apelación correspondiente».

Básicamente lo que se apela no es la pena de privación de libertad, que es menor a la máxima que podrían haber recibido si no se acogían al procedimiento abreviado, sino que apelan la reparación integral dispuesta por el juez Marco Rodríguez, es decir, el pago de $ 8 millones, valor que se dividirá entre todos los sentenciados en esta causa.

Este pago, explicó el juez, se deberá dar de conformidad con los grados de participación, lo cual se deberá ventilar en fase de ejecución «toda vez que hay algunos procesados que nos de ha dilucidado su situación jurídica».

De los 19 procesados que existían en esta causa, ocho ya tienen sentencia, seis han sido sobreseídos y cinco, entre los que están el exasambleísta por Sucumbíos, Eliseo Azuero, y el exsubdirector técnico del Secob, Jorge Jalil, fueron llamados a juicio.

El juez Rodríguez también determinó una multa de diez Salarios Básicos Unificados (SBU) ($ 4 mil) para Mendoza, Cobeña, Andrade y Santos; mientras que la multa para Benavides, Tamayo, Véliz y Calderón será de cuatro SBU ($1 600).

Respecto al monto de la reparación integral definida, Marcelo Icaza y Gabriela Moreira, defensas de Tamayo y Mendoza, respectivamente, tienen reparos y adelantaron en su momento que impugnarán la sentencia en ese punto. Moreira calificó a los $ 8 millones de reparación como una cantidad «infamante».

«Se establece una reparación integral de $ 8 millones que fue el monto del anticipo del hospital Básico de Pedernales de 30 camas, cuando 6 de estos $ 8 millones están resguardados por el caso de lavado de activos, que es la génesis de este expediente, por una jueza de Manabí en Inmobiliar», recordó Moreira.

Sobre los cuestionamientos hechos al monto de reparación integral, la fiscal Salazar señaló que siempre se va a cuestionar este tema cuando se cree que se ha perjudicado el bolsillo.

«Ese es el enfoque de la investigación, afectar al bolsillo de las estructuras, porque la delincuencia no se organiza para hacer deporte, la delincuencia tiene como fin último obtener beneficios económicos. Entonces cuando estamos afectando al bolsillo de aquellas estructuras realmente estamos luchando contra la delincuencia organizada», sostuvo la fiscal Salazar.

Por otra parte, Rodríguez también negó por improcedente los recursos de aclaración y ampliación que planteó la defensa de Tamayo. El juez explicó que los motivos para determinar el monto de la reparación integral constan explicados en extenso en la sentencia de procedimiento abreviado reducida a escrito y notificada a los sujetos procesales el 12 de noviembre pasado.

«(La sentencia) contiene una motivación clara, completa y suficiente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 76.7.l de la CRE, y 621 del COIP. Por lo que se niegan por improcedentes los pedimentos de aclaración y ampliación planteados», apuntó el juez de la CNJ. (I)

Fuente: El Universo

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