Hasta el momento han transcurrido 15 días de los 90 inicialmente definidos por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, para darse la instrucción fiscal, fase procesal en la que la Fiscalía podrá acopiar información que refuerce los elementos de convicción presentados en la formulación de cargos dada entre el 14 y 15 de diciembre pasados y también las defensas de los hasta ahora 31 procesados podrán presentar los elementos de descargo que rechacen la acusación de la fiscal general, Diana Salazar.
1. El inicio
El contenido de quince teléfonos celulares encontrados luego del asesinato de Leandro Norero, quien era procesado por delitos relacionados con lavado de activos, tráfico de drogas y crimen organizado, son el origen de una investigación previa por el delito de delincuencia organizada que realizaba la Fiscalía.
El punto de partida de esta investigación es la detención por el delito de lavado de activos de Norero y varios de sus familiares, el 25 de mayo de 2022, y el posterior asesinato de quien era conocido como el Patrón. Luego de esa muerte violenta ocurrida el 3 de octubre de 2022, en una de las masacres dadas al interior del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, las investigaciones permitieron obtener varios indicios, entre los que estaban los dispositivos celulares usados por Norero en su tiempo en la cárcel.
De la materialización y análisis de la información encontrada en esos equipos celulares se habría evidenciado, indica el informe policial del caso, que se gestó una “empresa criminal” que tenía por finalidad garantizar, a través de actos de corrupción que permearon a todo nivel, la integridad personal dentro del CPL, la libertad y la impunidad de Norero y sus familiares.
El 1 de diciembre pasado la indagación realizada por un fiscal de la Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada pasó a manos del despacho de la fiscal general, Diana Salazar, pues, se señalaba, de pericias hechas se desprendía la existencia de elementos constitutivos de infracciones que involucran a funcionarios que gozan de fuero de Corte Nacional. Sicariato era el delito que se investigaba de forma previa dentro de la causa que originó esta nueva indagación que terminó tomando el nombre de Metástasis.
A ese punto se hablaba de jueces de las cortes provinciales de Justicia de Cotopaxi, de Manabí, y otros. El informe enviado contenía 21 anexos de soporte digital, a los cuales se les hizo una pericia técnica de audio y video de la que se evidenció, según agentes de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General (UNIF), la existencia de una presunta “organización delictiva de gran impacto” en la que se encontrarían inmersos particulares, servidores policiales, servidores públicos, entre ellos, funcionarios con fuero de Corte Nacional.
Abierta la investigación previa, la Fiscalía designó tareas investigativas a miembros de la UNIF y de la Unidad Nacional de Investigación del Delito contra la Eficiencia de la Administración Pública (UCAP). La delegación produjo un informe policial el miércoles 13 de diciembre último, en el que se pasó de una teoría a singularizar los nombres de las personas posiblemente involucradas en esta “trama criminal”.
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2. Los allanamientos
La investigación preliminar identificó 38 nombres de personas que integraban la cúpula de la organización, que trabajaban en el financiamiento, la dirección, planificación y ejecución de las diferentes actividades. Entre ellos estaban jueces de Corte Nacional de Justicia (CNJ), de cortes provinciales de Justicia, jefes policiales a cargo del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), fiscales, peritos, oficiales policiales, abogados y personas privadas.
Yankee, Estimado, Larry, Novita, Globalpax, DS, Momia, Puma, CR7, May, Presi, Daniel López y Doble Rueda eran algunos de los alias que aparecían junto a nombres entre los que se colocó a Wilman Terán, a ese momento presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), pero hasta antes de febrero de 2023 conjuez de la Corte Nacional, o del hoy general de la Policía, Pablo Ramírez, oficial que hace pocas semanas renunció al cargo de general de la Policía, pero que previo a ello ocupó cargos como director del SNAI, por diez meses, o como director nacional de la Policía Antinarcóticos y Judicial.
Los agentes investigadores sostienen que ha existido una convergencia de un sinnúmero de actuaciones propias de una delincuencia organizada, la cual generalmente “busca paraísos fiscales donde las conductas ilícitas puedan ser sometidas y salgan exentas de responsabilidad penal”.
Al existir suficientes elementos para presumir la perpetración de un delito de ejercicio público de la acción penal y la posible intervención activa de los procesados, el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova dio paso a las órdenes de detención solicitadas de manera urgente por la Fiscalía, las cuales tenían como fin garantizar la comparecencia de los sospechosos en la audiencia de formulación de cargos, la cual se inició el 14 de diciembre último y terminó, luego de 20 horas de diligencia, el 15 de diciembre siguiente.
La operación conjunta se realizó en siete provincias del país y desplegó a más de 900 funcionarios de la Fiscalía y unidades especiales de la Policía Nacional. Se concretaron 75 allanamientos en oficinas públicas de la Judicatura, en Quito, Riobamba; de la Policía Judicial, en Loja; de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en Quito; en la Unidad de Flagrancia y en la Unidad Judicial Penal, en Santo Domingo de los Tsáchilas; en la Corte Provincial de Cotopaxi, … y en viviendas y oficinas de los procesados en Quito, en Chongón, Latacunga, Salcedo, Durán, Manta.
3. La formulación de cargos
La noche del 14 de diciembre pasado, la fiscal Salazar en su formulación de cargos contra las 31 personas detenidas por delincuencia organizada señalaba que hasta ese momento el uso de la justicia para la impunidad de grupos criminales no eran más que meras murmuraciones en la sociedad, pero que con el caso Metástasis estas suposiciones han aterrizado en una radiografía íntegra de la “profunda descomposición” que atraviesa la justicia y como esta ha sido vejada sin discriminación en todos los niveles de la institucionalidad judicial: jueces de distintos niveles, fiscales, secretarios, ayudantes judiciales, policías, peritos, guías penitenciarios, abogados en libre ejercicio.
“El presente caso revela cómo el sistema judicial está gangrenado de tal manera que es imposible regenerarlo si no hay una depuración profunda de todas las estructuras corrompidas”, refería Salazar respecto al caso Metástasis en el que entre los procesados están el ahora expresidente de la Judicatura Wilman Terán; y el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el general (sp) Pablo R.
En la cabeza de la red, por debajo del Patrón Norero, la Fiscalía describía a los abogados en libre ejercicio Helive A., alias Estimado o Larry, y Alexander N., alias Novi o Novita. En cambio, en el nivel de colaboradores había al menos seis grupos, dependiendo del cargo que ocupaban en ese momento los ahora procesados.
Por ejemplo, a Wilman Terán y Álex P. se los ubicaba como los nexos en la CNJ para alcanzar fallos que convengan al hermano de Norero; en las cortes provinciales de Cotopaxi. Guayas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas existieron al menos ocho “jueces suicidas” (Emerson C., Ángel L., Ronald G., Adolfo G., Santiago Z., Glenda O., Gustavo M., y José S.) que con el apoyo de dos funcionarios judiciales del Guayas ( Mayra S. y Gabriel S.) trabajaron para la impunidad de Norero y su familia en casos penales abiertos por lavado de activos, tráfico de armas.
La organización habría contado con María José A. y Jhon C. en la Fiscalía del Guayas; con siete agentes policiales de diferentes rangos (Lenín M. Edinn I., Héctor P., Christian Ch., Ángel L., Gabriel G., y Armando R.) para brindarles seguridad a las viviendas del barco y desaparecer evidencia en casos que se investigaban; también con cuatro abogados en libre ejercicio (Armando F., Kevin P., Sofía S. y César A.) para manejar las coimas y las estrategias a usar en los casos.
La teoría del caso contra los 31 procesados a quienes se les habría una instrucción fiscal por 90 días se completaba con quien era el recadero de Leandro Norero, Braulio M., y en el sistema penitenciario al entonces director del SNAI, Pablo R., al guía penitenciario Daniel M., quien era usado para ingresar objetos para el líder narcotraficante, Daniela B., la administrativa penitenciaria que entregaba información a la organización.
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4. Los chats de la aplicación Threema periciados
No solo los quince equipos celulares que directamente estarían vinculados con el narcotraficante Leandro Norero, sino unos cuantos más obtenidos durante la etapa de investigación previa que pasó del sicariato del Patrón hasta la delincuencia organizada de Metástasis, han permitido ir construyendo la serie de redes que mantenía la cabeza de esta empresa criminal para asegurar su protección en la cárcel, la obtención de fallos a favor de él y su familia, la entrega de favores a cambio de seguridad de sus propiedades, entre otros hechos.
Las conversaciones periciadas han evidenciado a quienes tenían dentro de la Corte Nacional para resolver temas como habeas corpus, la cercanía que la organización tenía con jueces nacionales, los diálogos con funcionarios judiciales y policiales para ir influyendo en procesos e investigaciones penales en curso, e incluso las pláticas con abogados en libre ejercicio y jueces que asesoraban a la banda delictiva para que los pasos que daban tengan la apariencia de legales.
Otros diálogos han dejado en claro las relaciones que existían entre Leandro Norero y ciertos periodistas y políticos con quienes intercambiaban información y mantenían una relación cercana; también han hecho públicos las formas que mantenían para lavar dineros ilícitos, las inconformidades con políticos, fiscales y periodistas contra quienes se planificaba no solo plantarles evidencias de ilícitos sino incluso asesinarlos, hasta atentados a infraestructura de la Policía Nacional y Criminalística para acabar de un “solo bombazo” con las pruebas que existían en contra de integrantes de la organización criminal.
Las pericias también presentan la forma que tiene el crimen organizado para pagar favores: regalar a agentes fiscales cadenas Cartier valoradas en $ 8.000, pagos por fallos que van desde los $ 7.000 a los $ 450.000 e incluso la cancelación de facturas por el arreglo de patrulleros en un cantón de la provincia del Guayas.
5. Las ocho vinculaciones listas para enero 2024
Las fiscal general, Diana Salazar, durante la formulación de cargos del 14 y 15 de diciembre pasado, le dejaba claro al juez de la CNJ, Felipe Córdova, que en esa audiencia únicamente iba a referirse a las 31 personas detenidas y más adelante se realizarán las vinculaciones de los prófugos y de las personas que no han sido llamadas a esa diligencia.
Salazar se refería a Christian R., abogado de Norero; Daniel Salcedo Bonilla, quien ha sido sentenciado por actos de corrupción en la venta de medicinas durante la pandemia; Carlos Z., expresidente de la Corte de Manabí a quien lo ubicaban dentro de la organización con el alias de Presi; Víctor A., exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas; Gilmar C., señalado dentro de la estructura con el alias de Yankee; Fernando G. y Jairo V.
Con ellos la Fiscalía completaba una lista de 38 personas que debían ser detenidas en la operación conjunta del 13 de diciembre pasado, pero debido a que existió filtración de información del operativo y alertas en diferentes redes sociales, estos sospechosos se pusieron a buen recaudo, lejos del brazo de la justicia.
Pese a ello, cinco días después de haberse iniciado la instrucción fiscal, Diana Salazar pidió fecha y hora para vincular a estos siete sospechosos, además de Xavier J., quien según la Fiscalía administraba los bienes del narcotraficante Leandro Norero y mantendría los alias de Dady Yanky, Ravioli, Marido y Po.
El juez Córdova ha convocado para el miércoles 3 de enero de 2024 para la audiencia de vinculación de ocho personas sobre las cuales la Fiscalía General tendría suficientes elementos de convicción que relacionan a los sospechosos con una “empresa criminal” que operó en diferentes instancias públicas para obtener seguridad, beneficios penitenciarios y fallos judiciales para el narcotraficante Leandro Norero y su familia.
Pese a que ya existe este primer grupo de vinculados, Diana Salazar no descarta que más adelante existan nuevas vinculaciones, esto basado en la gran cantidad de información que ha sido periciada y aún falta por analizar. Tampoco deja de lado la idea de que puedan abrirse nuevos proceso penales por otros delitos que puedan evidenciarse en el transcurso de la instrucción del caso Metástasis, la cual, luego de la vinculación pasará a tener 120 días la fase de instrucción fiscal. (I)
Fuente: El Universo