Las cuentas públicas españolas prevén cerrar en el 5% de déficit este año, todavía dos puntos por encima del 3% objetivo que marcan las normas de la Comisión Europea y que desde el Banco Central Europeo (BCE) consideran “procedimiento de déficit excesivo”. Si España quiere evitar una brecha financiera con el resto de países miembro y pretende optar a los escudos la institución bancaria, Calviño y Montero se deberán coordinar para cumplir con una cláusula insalvable que marca Frankfurt: reducir en algo más de 24.000 millones de euros el déficit presupuestario de las arcas públicas como una de las condiciones inexorables para poder optar a esta herramienta.
Así, el BCE ha desarrollado una herramienta, que los técnicos denominan Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI), por la que decidirán si compran deuda a países con alta prima de riesgo que puedan quedarse descolgados del resto del euro y que pongan en peligro la transmisión de la política monetaria en la eurozona.
Y en este punto la Comisión Europea es clara. El primer punto es el citado cumplimiento del marco fiscal de la UE. También la ausencia de desequilibrios macroeconómicos graves -es decir, no estar sujeto a un procedimiento de desequilibrio excesivo-. La sostenibilidad fiscal del país y la política económica “sólida y creíble” es lo que valorará la institución bancaria en caso de tener que escudar a países del euro.
Sobre el papel, se llevarían a cabo compras en el marco del Programa TPI si los mercados se vuelven disfuncionales y los precios se separan de los fundamentales económicos. Pero España debería bajar ya el próximo año estos dos puntos de déficit público ante la previsible vuelta a las normas fiscales en 2024, si bien en 2023 aún se mantendrán suspendidas. Y, según recoge el BCE, no es una medida incondicional: deberán cumplir con las cláusulas.
Todo esto con el objetivo de evitar que la brecha actual de España, negativa en inflación y a la cola en crecimiento económico, amplíe su alcance también al aspecto financiero. Esto, según el PIB nominal de 2021, es una mejora del balance de los ingresos y gastos del estado en unos 24.000 millones.
El horizonte económico que marcan las previsiones macroeconómicas realizadas por la propia cartera económica que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no prevé tal reducción al menos hasta 2025, cuando el mecanismo está activado de forma inminente. Terminando con un previsible 5% este diciembre, el déficit bajaría al 3,9% en 2023, al 3,3% el próximo 2024. No sería hasta mitad de década cuando lograrían las cuentas públicas salir del “déficit excesivo” y alcanzar el 2,9%.
De hecho, este mal endémico lo arrastra la economía española desde hace más de una década y no sale de números rojos desde 2008. Con el estallido de la crisis financiera, el déficit escaló desde números positivos hasta más de un 4% negativo, con un pico superior al 11,5% en 2012, cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, tuvo que pedir un rescate al BCE de 100.000 millones de euros en condiciones favorables.
Medida de presión
Esta herramienta es un paracaídas al que podrían acogerse los países más endeudados del sur de Europa, los conocidos PIGS, entre los que se encuentra España. Y a su vez es una medida de presión a los países que están bajo el paraguas del BCE y la Comisión Europea para que retomen la senda de la consolidación fiscal de deuda y déficit público, la postura fuerte de los halcones, los conservadores en materia fiscal de países como Alemania o Austria.
De hecho, como adelantaba elEconomista.es, los países del norte de la Unión Monetaria (los llamados frugales) ya tenían claro, antes del diseño definitivo de esta herramienta anti-fragmentación, que sus homólogos del sur se someterían a un alto peaje a cambio de beneficiarse de dicho escudo. Entonces, fuentes cercanas al eurobanco explicaban que los frugales del Consejo de Gobierno de la institución monetaria se mostraban “muy reticentes” ante la reactivación de las compras de deuda para proteger a economías como la española o la italiana. El diseño definitivo impone “estrictas condiciones”.
Como también ejerce una medida de presión el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento -que tiene el poder sobre la famosa cláusula de escape- que obliga a reducir un dato aún más elevado: el déficit estructural. España cuenta con un 3,5%, y este acuerdo obliga a que sea nulo. Reducir este hándicap en las cuentas españolas supondría un ajuste de 40.000 millones, tal y como explica a este medio el economista Javier Santacruz. Este paso es el próximo a la reducción del déficit público, y se antoja “bastante más complicado”, apunta.
“Lo complicado es reducir el déficit estructural, el cual está muy descontrolado si se hace la revalorización de pensiones por IPC y lo mismo con los sueldos de los empleados públicos”, destaca Santacruz. Las previsiones ya apuntan a un desembolso extra en pensiones de hasta 17.000 millones por la indexación de las rentas públicas. La suma del gasto en pensiones y los sueldos del sector público, superarán los 300.000 millones en 2023.
Aún así, la AIReF no es nada optimista y explica en un informe reciente, en el que pide mantener suspendida la cláusula de escape, que prevé una posición aún “vulnerable” tanto de la deuda pública como del déficit estructural, que espera que se mantenga en el 4% aún en 2025.
Fuente: Revista El Economista