Ya están en vigor las primeras medidas del plan de respuesta del Gobierno para blindar a las empresas ante los aranceles del 20% impuestos a Europa desde EEUU que entran en vigor hoy y de los que España -ni las previsiones del Banco de España– se libran. En concreto, desde este miércoles quedan activas las palancas financieras entre las que se encuentran la línea de avales ICO o el fondo para potenciar la internacionalización de las empresas, cuya hucha se amplía hasta los 720 millones.
El Boletín Oficial del Estado recoge ya el real decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial presentado por el presidente Pedro Sánchez la semana pasada y aprobado ayer martes en el Consejo de Ministros. Esta primera inyección de liquidez, de 7.720 millones de euros, forma parte de un plan con una movilización total de 14.100 millones destinados a “tejer un escudo” que proteja a la economía española de la batalla arancelaria iniciada por el presiente estadounidense, Donald Trump,
Una de las medidas que se activa hoy es una línea de avales ICO de 5.000 millones hasta el 30 de junio de 2026 (plazo ampliable si así lo decide el Gobierno por acuerdo) para atender las necesidades de liquidez y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades que vayan a tener una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado de EEUU. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir para acceder, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán en Consejo de Ministros ya que su aplicación no requiere desarrollo normativo posterior.
El plan también refuerza el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con 720 millones, 220 millones más respecto a lo avanzado por el Gobierno debido al acuerdo alcanzado para ellos en las negociaciones que ha mantenido el ministro de Economía, Carlos Cuerpos, con los grupos parlamentarios. La intención de esta medida es conseguir que las empresas puedan diversificar o reforzar su presencia en EEUU y diversificar sus exportaciones para disminuir el riesgo para ser más resilientes.
Además, en los próximos días se presentará un plan específico de ICEX que ayudará a unas 500 empresas exportadoras a EEUU que podrían verse afectadas por los aranceles. Tanto este plan del ICEX como para las líneas de avales del ICO, el Gobierno ha realizado unas estimaciones iniciales y deja la puerta abierta a ir añadiendo más en función del seguimiento que se haga de la situación.
Desde hoy se activan también 2.000 millones para el esfuerzo de internacionalización, a través del CESCE y su sistema ‘CARI’, que asemeja a un seguro de tipo de interés, para el apoyo a las exportaciones españolas de bienes y servicios.
El decreto también incluye la extensión de la moratoria contable hasta finales del año 2025 anunciada ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión interministerial. De esta podrán beneficiarse las empresas que tuvieran pérdidas durante 2020 y 2021 y que todavía no han terminado de recuperarse.
Garantía de proporcionalidad territorial
El decreto publicado este miércoles en el BOE contempla una disposición adicional de “garantía de proporcionalidad territorial” en la aplicación de los fondos. Esto significa que el Gobierno “garantiza” que la puesta a disposición de las empresas de los instrumentos financieros se efectúe, “con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición”.
Así, se articularán “mecanismos de participación y seguimiento por parte de las comunidades autónomas”, orientados a garantizar “la transparencia, la equidad y la coherencia” de la distribución con el citado “criterio objetivo”. Y el Gobierno se compromete a remitir trimestralmente al Congreso un informe desglosado por territorio, sector y beneficiarios para cada uno de los instrumentos financieros regulados en el presente real decreto-ley.
A continuación, se ha incluido otra disposición adicional para precisar los “criterios de ejecución”, en la que se deja claro que la ejecución de los fondos previstos en el real decreto “no podrá estar condicionada a criterios de oportunidad política o arbitrariedad del órgano concedente”.
Esto ocurre tras el tira y afloja de ayer después de que el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, indicara que los fondos se distribuirían a las autonomías en función de su peso en las exportaciones al país norteamericano, de modo que Cataluña percibirá el 25% del total, algo más de 3.000 millones de euros, de acuerdo con sus cálculos. Fuentes del Ejecutivo matizaron después que en ningún caso se va a producir una situación de competencia autonómica en las ayudas distribuidas ya que son a demanda de las empresas que las necesiten y en el caso de que no fueran suficientes se elevarían, algo que el Gobierno no cree que suceda. En concreto, explicaron que Cataluña percibirá ese 25% porque sus empresas exportan ese porcentaje a Estados Unidos.
Las medidas que llegarán más adelante
Para más adelante, el plan contempla, entre otras medidas, otra línea ICO para financiación, por 1.000 millones de euros, o un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 200 millones de euros, para dar préstamos o participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas.
También se ejecutará este año el Plan Moves III aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros con 400 millones de inversión para estimular el sector del automóvil, y se activará el mecanismo RED para los sectores que lo necesiten a fin de salvaguardar el empleo de las empresas más golpeadas por la guerra comercial hasta que su actividad se recupere (similar al los Erte de la pandemia).
Más adelante se recanalizarán 5.000 millones del Plan de Recuperación para aquellas industrias y empresas cuya actividad pueda verse mermada por el “shock arancelario”, a fin de que puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda.
Fuente: Revista El Economista
