El reguetonero puertorriqueño Farruko se declara culpable por un caso de 2018

San Juan.- El reguetonero puertorriqueño Farruko se declaró culpable por los dos cargos que pesaban en su contra, entre ellos, no declarar 51.802 dólares en efectivo que escondía en su equipaje al pasar por la aduana federal en hechos ocurridos el 4 de abril de 2018 en San Juan.

Tras su aceptación de culpabilidad ante el juez federal Gustavo Gelpí, el letrado ordenó que se le quitara el grillete electrónico que le habían colocado al artista tras su vista preliminar el día de su detención, mientras espera a la vista de sentencia el 13 de junio próximo.

De acuerdo con las agencias federales, Carlos Efrén Reyes, nombre real de Farruko, tenía que declarar en el formulario de aduanas que portaba consigo más de 10.000 dólares en efectivo a su llegada al Aeropuerto de Isla Grande (San Juan) en abril pasado.

Por ello, al artista, uno de los principales del género urbano, también se le acusa de mentirle a las autoridades aduaneras.

A su salida de la audiencia preliminar el pasado 4 de abril ante el juez federal Bruce McGiverin y tras pagar una fianza de 100.000 dólares, Farruko alegó que no incluyó el monto de dinero en el formulario «porque venía cansado» tras viajar en helicóptero desde la República Dominicana a San Juan.

«No tengo nada que decir. Los abogados se encargarán», añadió Farruko, quien fue representado legalmente por Luis Rivera.

Según explicó Rivera en aquel entonces, los 100.000 dólares de fianza se pagarían con 50.000 dólares asegurados con una propiedad y el resto por medio de una firma del artista o de su manejador, Franklin Martínez.

Rivera además le pidió al juez McGiverin la libertad para que Farruko pueda salir a varios países de Latinoamérica para proseguir con una gira de presentaciones, lo cual el magistrado aprobó.

El juez exigió además exámenes rutinarios de drogas ilícitas a Farruko y hasta un posible tratamiento si diera positivo.

Si es encontrado culpable, Farruko podría enfrentar una multa de no más de 250.000 dólares, una pena de cárcel de hasta 5 años o ambas.

El caso es investigado por la Agencia de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (HSI) y el «AirTAT», integrada por 14 agencias agrupadas bajo el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y Drogas, agregó el comunicado de Fiscalía federal. EFE

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