En una diligencia judicial se analiza si Guadalupe Llori recuperará la presidencia de la Asamblea

“El honor no tiene precio”, dijo la asambleísta Guadalupe Llori (PK) poco antes de ingresar a la sala donde se desarrolla la audiencia judicial por la acción de protección que planteó en contra de seis legisladores, con el fin de recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional y obtener el pago de una millonaria indemnización.

La diligencia fue convocada para las 14:30 de este lunes, 22 de agosto, por la jueza María del Carmen Salazar de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en Quitumbe, al sur de Quito.

La acción de protección va en contra del presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, y los cinco integrantes de la comisión pluripartidista ad hoc, que elaboró el informe que llevó a la destitución de Llori: Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (PK-R), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (UE).

Guadalupe Llori manifestó que su remoción fue ilegal porque se incumplieron medidas cautelares que estaban vigentes y que impedían sacarla del cargo.

Negó que existan presiones a la jueza Salazar para conseguir un fallo favorable. “Nosotros no tenemos ningún tipo de contacto ni con la Judicatura ni con la juez competente”, insistió y adelantó de que en caso de perder agotará todos los recursos e instancias legales dentro del país, y no descarta acudir a organismos internacionales.

El abogado de Llori, Julio César Sarango, expresó que se espera que la jueza se pronuncie hoy y dé la razón a la expresidenta de la Asamblea, ya que “las pruebas son contundentes”, puesto que se habría violando el derecho a la defensa, la seguridad jurídica, el debido proceso, la motivación, así como el derecho a una tutela efectiva.

Además de recuperar la presidencia de la Asamblea, con el recurso legal impulsado también se exige disculpas públicas y que cada uno de los 81 legisladores que votaron a favor de la destitución -el pasado 31 de mayo- paguen a Guadalupe Llori una indemnización de $ 100.000, por haber afectado a su buen nombre, que en total suman $ 8,1 millones.

Al respecto, el abogado Sarango mencionó será la jueza quien determinará el monto final de la reparación económica. Y justificó que la indemnización es una facultad contemplada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y en el artículo 78 de la Constitución, cuando se han vulnerado derechos.

Los seis asambleístas sobre quienes está dirigida la acción de protección asistieron a audiencia en la Unidad Judicial de Quitumbe. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, esquivó a los medios de comunicación.

Lucía Placencia, en tanto, dijo que se trata de “un abuso de la justicia” y que Llori “se ponga a a trabajar”. Y, por su parte, Peter Calo insistió que la actuación de la expresidenta es ilegal.

A las 15:18, tras escuchar a las partes, la jueza María del Carmen Salazar suspendió por una hora la audiencia, ya que debe analizar una sentencia anterior incluida en el expediente y que trató la devolución de la. presidencia a Llori en la Corte Provincial de Pichincha. Al término del receso, la magistrada dará a conocer si el proceso continúa.

El abogado de Virgilio Saquicela, Guillermo Saquicela Espinoza, explicó que se expuso a la jueza el antecedente judicial y que en caso de que la magistrada resuelva que en efecto se trata de una cosa ya juzgada, “no podría conocer el fondo de la acción de protección”.

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