La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este lunes, 14 de julio, sesionó en territorio, en Babahoyo, provincia de Los Ríos, con el propósito de escuchar el criterio de algunas instituciones, en el marco del análisis de la propuesta unificada de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y obtener insumos que servirán para elaborar el respectivo informe previo al primer debate.
Washington Chuga, comandante de la Policía Nacional del Distrito Los Ríos, aseguró que a la fecha hay una reducción de un 27 % de los delitos de secuestro en la provincia, gracias a las acciones coordinadas de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas. A la vez, consideró necesario que haya mayor celeridad en el despacho de los juicios sobre delitos mayores y crear nuevas fiscalías y jueces especializados en materia de delincuencia organizada, a fin de atender las demandas de esta jurisdicción en el ámbito judicial.
Mientras, Edwin Ocampo, gobernador de Los Ríos, aseveró que hablar de seguridad en esta provincia es un desafío, porque el crecimiento de los delitos es alarmante, especialmente en Babahoyo, con más de 200 casos, lo cual demuestra que, pese a la actuación de la fuerza pública, el accionar del crimen organizado continúa sin el debido control, en gran parte por una gestión insuficiente de las autoridades de justicia, ya que “se ha convertido en la puerta giratoria” para que los delincuentes queden sin la respectiva sanción. “Necesitamos una justicia eficiente, eficaz y que cumpla con lo que determina la ley”, enfatizó.
Entre tanto, la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, Leonor Jiménez, explicó que en el año 2025, de un total de 1.055 personas detenidas por delitos, el 40 % ha salido en libertad u obtuvo medidas sustitutivas a la prisión preventiva. A fin de velar por una justicia transparente y ágil, se creó un canal para atención de los delitos de flagrancia y actuar de manera oportuna. Sobre los temas de infraestructura,
Leonor Jiménez indicó que se ha levantado un inventario de las necesidades de la provincia en cuanto a edificios, vehículos y demás recursos que son indispensables para el trabajo de los operadores de justicia.
Con estos aportes recogidos en territorio, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado fortalecerá el proceso de construcción del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, con el compromiso de impulsar un sistema judicial más eficiente, transparente y acorde a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en zonas afectadas por el crimen organizado y la inseguridad.
