Tres de los doce pabellones de la Penitenciaría del Litoral (CPL Guayas 1) están deshabitados desde hace cuatro meses. Se trata de los bloques dos, seis y siete. El primero, según la Policía, estaría bajo el control de la organización criminal Chone Killers y los otros dos, de Las Águilas (afín a Los Choneros).
Por el “mal uso” de las personas privadas de la libertad (ppl) y las “acciones de la fuerza pública” en busca de objetos prohibidos, estos tres edificios están “totalmente deteriorados y destruidos” –con áreas quemadas, instalaciones eléctricas obsoletas, aparatos sanitarios inoperativos–, según detalla el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en el proceso de contratación de la reconstrucción de los pabellones seis y siete. Esta obra fue adjudicada en febrero por $ 829.841.
El ala 2 no se intervendrá, justifica el SNAI, porque “no se puede garantizar la seguridad” de los trabajadores que harán las adecuaciones en esta infraestructura, ubicada en medio de los bloques 1 (Latin Kings) y 3 (Las Águilas), considerados de “alta conflictividad”. Esta aseveración es una “confesión de que no se tiene control sobre los pabellones”, apunta Billy Navarrete, secretario del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos.
El SNAI no aceptó una entrevista con este Diario, pero detalló -en un comunicado- que del 1 al 4 de noviembre se trasladaron 2.430 reclusos, la mayoría a otros bloques de la misma cárcel, alcanzando un hacinamiento ‘excesivo’ del 40,4 %, que -según detalla la entidad en el proceso- está agravando la violencia dentro de este recinto. “Es urgente la readecuación y recuperación de los pabellones 2, 6 y 7, para llevar a cabo una clasificación y disminución de la amenaza latente…”, señala la institución en los documentos.
Esta sobrepoblación carcelaria es ‘crónica’ y una ‘grave’ violación a los derechos humanos, considera Navarrete: “Es un perjuicio para cada una de esas personas en temas de salubridad, de manejo y control de enfermedades”.
Los cinco recintos carcelarios en Guayas, que tienen capacidad para 9.553 reclusos, concentran el 39 % (12.291) de los prisioneros del país (31.216), según cifras del SNAI. El hacinamiento en los centros de Guayas bordea el 29 %; a nivel nacional llega al 12 %.
Este nivel de exceso de internos se registra un año después de que, por decreto presidencial, se dieran los indultos a ppl sentenciados por delitos de robo, hurto, estafa y abuso de confianza que cumplieron el 40% de la pena y que no tenían otras sentencias e investigaciones en curso.
Con la reconstrucción de los dos pabellones se recuperará parte de la capacidad (800 plazas) en la Penitenciaría. No obstante, la intervención debe ir más allá, se requieren acciones alineadas bajo estándares internacionales, coinciden Renato Rivera y Fernando Carrión, expertos en seguridad.
“Hoy la técnica nos dice que se deben construir recintos carcelarios con baja capacidad de 300 o 500 personas, y lo que tenemos en la Penitenciaría del Litoral son más de 5.000, lo cual hace que el control sea muy difícil”, dice Carrión, catedrático de la Flacso.
Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada, sugiere también que a los reclusos se los reubique según el delito que hayan cometido: “Lo que se hizo fue ubicarlos por organización criminal y, si bien eso podría reducir el número de conflictividad en los pabellones, sí se convierte en un medio de captación de nuevas personas (…), que tiene incidencia directa en quién va a gobernar fuera de la cárcel, en las calles”. Así, añade, no se atendería la criminalidad organizada.
La instalación de inhibidores de señal -que hasta octubre pasado solo tenían dos de los 36 reclusorios del país-, escáneres y otros aparatos tecnológicos son otras medidas que los especialistas recomiendan adoptar para recuperar el control en las cárceles. En ese tema, el SNAI -que no atendió un pedido de entrevista de este Diario- implementó en noviembre pasado un sistema de monitoreo con inteligencia artificial y reconocimiento facial en las cárceles.
Fuente: El Universo