En la Asamblea Nacional se configura la posibilidad de enjuiciar políticamente a los vocales del CPCCS

Las acciones de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en su atribución de designar a autoridades del Estado son motivo de análisis de dos legisladores de la Asamblea Nacional que buscarán impulsar su interpelación por un presunto incumplimiento de funciones.

Uno de esos legisladores es Ricardo Vanegas de la bancada de Pachakutik (PK), quien anticipó su decisión el pasado 17 de septiembre, cuando los consejeros acudieron a una comparecencia en la Comisión de Justicia para explicar cómo se efectuaría la designación de un defensor del Pueblo encargado, ante la ausencia de su titular, Freddy Carrión, quien fue censurado y destituido por un juicio político por la Legislatura el 14 de septiembre.

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Vanegas prefirió no adelantar cuáles serían las causales para llevarlos ante el pleno de la Legislatura, pero contó que lo presentó ante los legisladores de su bloque para que autoricen el inicio del trámite.

“He pedido a la bancada que analice una petición de juicio político porque creo que han incumplido sus funciones en dos casos concretos. Si la bancada lo autoriza, van a juicio político”, afirmó Vanegas.

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Precisó que su iniciativa no está relacionada con la selección de César Córdova como defensor del Pueblo encargado. “Tiene que ver con la designación de otro funcionario que adecuó su conducta a un conflicto de intereses y en los documentos que se presentaron no reunía los requisitos”, indicó el asambleísta.

Añadió que tiene las pruebas para proceder y lo único que le falta es que la bancada de Pachakutik lo respalde. El objetivo es llegar a un consenso interno y evitar que ocurra nuevamente la escena del 14 de septiembre pasado, cuando a última hora catorce legisladores de PK se abstuvieron de votar por la censura y destitución de Carrión.

Esto, pese a que Vanegas, parte de esa bancada, fue uno de los interpelantes en ese enjuiciamiento.

César Córdova asumió el encargo en la Defensoría del Pueblo y justificó que el ser abogado es ser defensor de derechos humanos

El asambleísta Fernando Villavicencio (Concertación-PSE), presidente de la Comisión de Fiscalización, también consideró que los consejeros de Participación Ciudadana deben ser enjuiciados políticamente e “irse a su casa”.

El legislador se refiere a la decisión que tomaron cuatro vocales de mayoría del organismo de nombrar defensor del Pueblo encargado a César Córdova, exsecretario del mismo Consejo y que en su hoja de vida acredita experiencia en temas aduaneros, pero no de trabajo en derechos humanos y de la naturaleza, como lo establece el artículo 216 de la Constitución.

Para defender su decisión, los consejeros Sofía Almeida, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Javier Dávalos coincidieron en la justificación de que ha estudiado maestrías y estaría estudiando un doctorado en una universidad argentina en esa materia.

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Consejo de Participación Ciudadana no dio respuestas a la Asamblea de cuándo y cómo designará a un defensor del Pueblo encargado

Para Villavicencio, “este Consejo debe irse a la casa. La cura es peor que la enfermedad. Este es el momento para un juicio político como paso previo para que, en una consulta popular, se vayan a la casa”, cuestionó en una entrevista en radio Sucesos este 20 de septiembre.

A propósito de ello, este lunes, la Comisión de Fiscalización aprobó con seis votos a favor y la abstención de los asambleístas del correísmo (UNES) para que los vocales del CPCCS comparezcan a explicar cómo se designó al funcionario encargado de la Defensoría del Pueblo.

El Consejo de Participación Ciudadana se desenvuelve en un ambiente polarizado, en el que las decisiones se toman con la mayoría de los cuatro consejeros mencionados; frente a tres de minoría: María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, quienes cuestionan, por ejemplo, irregularidades en la elaboración de reglamentos para designar a autoridades como el contralor del Estado, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este lunes, en la posesión de Córdova como defensor del Pueblo encargado, solo acudieron los cuatro consejeros que lo eligieron, sus asesores, algunos amigos y familiares y dirigentes de gremios sindicales.

Ahí, Sofía Almeida llamó a Rivadeneira, Ulloa y Bravo a que resuelvan la “institucionalidad del Estado”. “No podemos generar más conflicto en la institución y debemos dar resultados inmediatos a la ciudadanía”, dijo Almeida.

Sin embargo, durante las plenarias estos tres consejeros denuncian que la propia Almeida les silencia los micrófonos para impedir que hablen, les grita y sus iniciativas o mociones no tienen respaldo de los miembros de la mayoría. (I)

Fuente: El Universo

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