Este sábado, dentro del trámite de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comparecieron la interpelante Ana Herrera; y, el denunciado, para presentar las pruebas de cargo y descargo, respectivamente.
En un primer momento, la interpelante Ana Herrera subrayó que el poder entregado a las autoridades está limitado por los derechos y garantías constantes en la Constitución.
En este contexto, respecto a la denuncia específica insistió que el consejero Esteban Guarderas violentó el debido proceso. Sostuvo que las pruebas presentadas, en su oportunidad, están fundamentadas y se las debe considerar en su conjunto y de manera integral, las que están relacionadas con el presunto tráfico de influencias ejercido por el consejero Guarderas, para incidir en la justicia.
Las causales tienen relación con la violación del deber de reserva y protección; abuso de poder; presunto tráfico de influencias; y, presunta falsificación de firma de un abogado. Por lo que, la interpelante concluyó que el denunciado violentó la Constitución de la República.
Entre tanto, el consejero Esteban Guarderas, en su derecho a la defensa, cuestionó que no existió igualdad de condiciones para presentar sus pruebas y ejercer la contradicción en la sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político.
Con relación a los temas cuestionados, sostuvo que está permitida la actuación como enlace entre las autoridades y la ciudadanía para que las solicitudes sean atendidas.
Dijo que no se le ha podido comprobar que el consejero Guarderas haya falsificado una firma, en ese caso pidió que se denuncie en la Fiscalía.
Su defensa orientó a sostener que la presente sustanciación de juicio tiene relación con un “intento político”, por sus acciones enfocadas en la lucha con casos reñidos con la Constitución y la Ley. Asimismo, afirmó que no existe ni un dato fáctico de que haya manipulado a la justicia.
Al final, la presidenta Pamela Aguirre recordó que por parte de esta mesa se cumplieron todos los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislatura, respecto al trámite de solicitud de enjuiciamiento político y debido proceso.
Además, la legisladora anunció que dentro de los plazos se convocará para la presentación y aprobación del informe.
Fuente: Asamblea
