El caso Manduriacu ha tomado un giro excepcional. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado negó una apelación interpuesta por CNO (empresa que antes actuaba en Ecuador como Odebrecht) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), para evitar una multa de USD 58 millones por un acuerdo colusorio vertical.
En esencia, la Superintendencia demostró que Celec direccionó la adjudicación de la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu a Odebrecht. La multa impuesta se estableció por una infracción al artículo 11, numeral 21, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que prohíbe estos acuerdos efectuados en la contratación pública.
Manduriacu es uno de los casos insignes de cómo la sociedad civil ha sido clave para que no haya impunidad. Fue la primera investigación dirigida por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Sus dirigentes pusieron la denuncia en la Fiscalía en el 2015, pedían sanción en tres posibles delitos: delincuencia organizada, cohecho y peculado.
Un año después, la Fiscalía archivó la causa y el caso Manduriacu dio un giro kafkiano: los denunciantes fueron demandados penalmente. Así funciona Ecuador, la tierra de la impunidad.
Ahora que la Superintendencia de Control ha demostrado que hubo una operación ilegal en Manduriacu, y se ha sancionado administrativamente a los colusionados, se vienen algunas preguntas. ¿Por qué la Fiscalía, en el 2016, archivó esta causa? Y más aún, ahora que se ha demostrado que hubo un acto ilegal en la firma de un contrato para una obra pública, es evidente que para que exista colusión debió haber habido sobornos para que un grupo de funcionarios del Estado dieran vía libre a una contratación y elijan, a su antojo, a la empresa ejecutora.
Una vez que hay sanción administrativa, es hora de que se instaure un proceso penal. Se deben desenmarañar las posibles conexiones políticas para firmar ese contrato, que vislumbra una organización delincuencial. Se debe investigar lo que hacen estas redes motivadas por las coimas (cohecho) y por el usufructo del erario público (peculado). La CNA estima que en Manduriacu se movieron al menos USD 200 millones.
Un directivo de la CNA le dijo a este Diario que tiene información de que la Fiscalía reabrió el caso Manduriacu. Es cuestión de desempolvar el expediente, sacarle las telarañas y señalar responsables. Ya le hace falta al Estado recuperar dineros mal habidos y a la sociedad recibir el mensaje de que Ecuador puede dejar de ser la tierra de la impunidad.
Fuente: El Comercio