La empresa Petrolia (antes Repsol) que estuvo a cargo de los bloques 16–67 hasta el 31 de diciembre pasado, amenazó con demandar penalmente al ministro de Energía, Fernando Santos, si no se retracta de unas declaraciones realizadas en una entrevista en radio FM Mundo, con las cuales habría afectado su reputación. Le otorga un plazo de 72 horas para hacerlo. El plazo empezó a correr el 13 de abril.
Ese día el abogado Felipe Rodríguez Moreno envió una carta al ministro Santos informando que el estudio jurídico Rodríguez & León ha sido contratado por Petrolia Ecuador S. A. con el fin de iniciar acciones penales con respecto a las declaraciones del ministro, a las cuales calificó de “desafortunadas, innecesarias, infundadas y falsas”.
Según el relato del abogado Rodríguez, el ministro se ha referido a lamentables hechos ocurridos en los bloques 16 y 67, donde se han cometido delitos de sabotaje, paralización de servicios públicos, intimidación, entre otros. También dijo que Santos ha indicado que “quien estaría atrás, o bien como instigador o bien como financista de estos delitos, es Petrolia Ecuador S. A., a través de personeros, lo cual acarrea imputarles la calidad de autores mediatos”.
Sin embargo, también menciona que el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) indica que “no habrá responsabilidad penal si el autor de calumnias se retractare voluntariamente antes de que haya una sentencia ejecutoriada”. En este sentido, Rodríguez solicitó al ministro que se retracte y que aclare que no cuenta con indicios, evidencias ni pruebas de que Petrolia o sus personeros hubieren incitado o financiado los ataques ocurridos la semana pasada. Con ello, dijo, se eximiría de responsabilidad penal en Ecuador. Pero advirtió que en Canadá, de donde es esta empresa, “atenuará su responsabilidad por daños y perjuicios en el juicio que deberá enfrentar, como persona natural, en caso de que no corrija sus palabras sin fundamento en las próximas 72 horas”. De no hacerlo, también se le conmina al ministro a presentar pruebas de sus supuestas aseveraciones.
Santos había dicho el 6 de abril en una entrevista en FMI Mundo sobre ataques con armas de fuego protagonizados por miembros de la comunidad waorani, que es lamentable que sucedan estos hechos de violencia. También mencionó que no se había logrado llegar a un acuerdo con esta comunidad, debido a la posición intransigente del nuevo presidente de la comunidad waorani, Juan Bay, que había indicado que Petrolia debía volver a tener la concesión del bloque 16. Esto porque a los waoranis les interesaba obtener varios beneficios que les había ofrecido Petrolia en caso de estar al frente del bloque, pero que no pueden ser replicados por Petroecuador, empresa que ahora maneja el bloque.
El ministro dijo que su respuesta a la petición waorani fue “que esto no es posible, no se puede dar a dedo” un bloque petrolero en concesión y que el contrato terminó el 31 de diciembre de 2022. También había explicado que se sacará a licitación ese bloque, pero que el representante indígena Juan Bay no se convencía.
Indicó textualmente: “No quisiera decir que la compañía está atrás, pero me hace pensar que alguien les está moviendo”. También señaló que el Ministerio ha hablado con ejecutivos de Petrolia y ellos han dicho que no tienen nada que ver con estos problemas; sin embargo, expresó: “pero dejan sospechas”. En otro momento de la conversación radial, el ministro comentó: “No sé qué papel está jugando Petrolia, no quisiera acusarle, pero dos más dos son cuatro: si le defienden tanto a la compañía, algún cariñito han de tener”.
El anuncio de la demanda penal se da cuando los problemas con la comunidad waorani ya han sido superados. El 11 de abril pasado, habitantes de la comunidad waorani de Dicaro levantaron la paralización que mantenían en las zonas de influencia de los bloques 16 y 67, en la provincia de Orellana, desde el 25 de diciembre, según informó Petroecuador.
La estatal aseguró que el levantamiento de la medida obedeció a los acuerdos alcanzados a través de mesas de diálogo desarrolladas el lunes 10 de abril, entre representantes de la comunidad y autoridades de Petroecuador, del Ministerio de Energía y Minas, de la Gobernación de Orellana y otras instituciones.
El mismo día del diálogo Petroecuador había comunicado que el promedio diario de producción había caído al 50 % en los bloques mencionados “como consecuencia de actos vandálicos ocasionados por grupos externos a la operación petrolera que afectaron a las instalaciones”.
Fuente: El Universo