El Municipio de Urcuquí embargó la tarde del pasado miércoles 3 de mayo cuatro propiedades de la Ciudad del Conocimiento, en Yachay, luego que Cristina Rivera, jueza de Coactivas, con base en el juicio 006 del 2022, planteado por la municipalidad, falló a favor del Gobierno local.
Los bienes estarían valorados en $ 6 millones, monto que adeuda la Secretaría de Educación Superior Ecuador (Senescyt) por concepto de varias contribuciones.
Tyrone Vega, alcalde de San Miguel de Urcuquí, aclaró que los bienes embargados eran administrados por las empresas públicas Yachay y Siembra. La Senescyt, a través de los decretos 1060 y 649, fue autorizada para liquidar las dos empresas públicas cerradas y poner en orden todas las deudas que mantenían con varias instituciones.
La deuda fue conocida por la Senescyt cuando solicitó un documento de no adeudar a la municipalidad, encontró que debía un millonario valor por concepto de contribuciones, correspondientes a revisión, estudios, permisos de construcción, entre otros rubros, establecidos en distintas ordenanzas.
Las autoridades municipales sostienen que no han recibido un solo centavo desde antes de la ejecución de las obras de construcción del complejo de educación superior, levantado en el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Aclaran además que esta deuda exceptúa el valor del impuesto predial, que de acuerdo con la ley excluye a las empresas públicas. Los registros municipales confirman que desde el inicio de las obras de la Ciudad del Conocimiento no existe pago alguno sobre esos rubros adeudados a la municipalidad.
Un informe de la Contraloría habría determinado que no constaban estos valores, identificando un faltante de $ 3,7 millones. El referido borrador (Contraloría) activó a todas las direcciones municipales y se verificó incluso si existieron aportes en las dos últimas administraciones, sumando una ausencia de contribución de $ 5,6 millones, que tras el proceso coactivo y costes procesales hacen un total de $ 6 millones de deuda, obligación que al no haber sido cumplida conllevó al embargo.
El alcalde Vega precisó que las propiedades embargadas no afectan a la infraestructura universitaria o al sistema educativo, sino a las antiguas haciendas San José, Las Marías, San Vicente y San Eloy, que son parte de Yachay. Enfatizó que no han sido perjudicadas la Universidad Yachay Tec, la Unidad Educativa del Milenio, ni el Instituto Tecnológico 17 de Julio, que funcionan allí, y añadió que las actividades educativas continúan normalmente.
En algún momento habría existido un acercamiento con la Senescyt y sus abogados para alcanzar un acuerdo que permita una solución definitiva, aunque no se lograron al final consensos. El embargo se hizo previo un avalúo de la Dirección de Planificación Municipal a las propiedades que administraba Siembra EP.
Según la ley, las cuatro haciendas pasan a ser propiedad del Municipio San Miguel de Urcuquí y luego serán rematadas para que la municipalidad recupere esos recursos.
Las autoridades de la Senescyt no se han pronunciado aún sobre el tema; mientras que la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Yachay Tech, en un comunicado, rechazó las pretensiones de paralizar los procesos académicos y educativos de la institución, sobre la base de deudas provocadas por los gestores de la construcción de la Ciudad del Conocimiento.
“Nosotros como Universidad Yachay Tech no tenemos nada que ver en esta gestión, por lo tanto llamamos a la unidad universitaria y exigimos a la Senescyt y al Gobierno que pague las deudas correspondientes al Municipio de Urcuquí, y de esta manera se nos puedan transferir los bienes que utilizamos como universidad”.
Apoyan este pronunciamiento el Frente de Defensa de la Universidad Yachay Tech y la Asociación de Estudiantes de la Universidad Yachay Tech, Apuyt. (I)
Fuente El Universo