Elizabeth Cabezas se refirió a la Agenda Legislativa, fiscalización y restructuración del Parlamento

Reformas a la Ley de Comunicación, a la Ley Intercultural Bilingüe, a la Ley de Educación Superior e iniciativas que incentiven el empleo serán los principales ejes que marcarán la Agenda Legislativa, según Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea. Lo dijo en una entrevista televisiva, en donde también habló de los nuevos desafíos, el proceso de restructuración y el trabajo fiscalizador.

En cuanto al cambio de autoridades en el Parlamento aseguró que “tiene que ser un proceso orgánico y ordenado” y que “no es el interés de nadie desarmar todos los temas que están planteados”, pero que es evidente que el trabajo se ha paralizado en algunas comisiones “por mala relación entre sus miembros”.

Confirmó la renuncia de Augusto Espinosa a la Presidencia de la Comisión de Educación y manifestó que esperarán si hay esa misma voluntad en otras mesas, donde también hay problemas, como la de Relaciones Internacionales. “Si no es así es necesario un cambio”. En el caso del CAL señaló que se analizarán temas puntuales, como la representación. “El interés nuestro es conformar un Consejo que respalde la acción de la Presidenta y de impulso a la agenda que está prevista trabajar”.

Agenda parlamentaria

La Titular de la Legislatura enfatizó que la Asamblea tiene nuevos desafíos, con leyes o reformas que impulsen la economía, seguridad, derechos, entre otros temas que se han venido trabajando, pero también otros que se han demandado desde varios sectores sociales, como las reformas a la Ley de Comunicación.

Se refirió a iniciativas para promover el empleo como el Código del Trabajo y las reformas a la Ley de Educación Superior, que vayan en la línea de fortalecer no solo la formación universitaria y de cuarto nivel, sino también la técnica y tecnológica, que permita la calificación de ecuatorianos para acceder fácilmente al mercado laboral.

Fiscalización

“Es un tema fundamental. Los penosos casos de corrupción que se han evidenciado en todo este tiempo hacen pensar en la necesidad de que la Asamblea actúe como un ente de rendición de cuentas permanente para los funcionarios públicos y que sea un detector temprano de estos actos irregulares”, sostuvo la Presidenta. Sin embargo, consideró que tampoco “tiene que convertirse en escenario de exposición agresiva para los funcionarios públicos”. Sobre el pedido de juicio político a Carlos Baca, fiscal general del Estado, indicó que esperará que se presente la documentación.

Recordó que en este tiempo como asambleístas pidió la comparecencia ante el Pleno del destituido Carlos Ochoa, como superintendente de Comunicación, en cuyo pedido de juicio político suscribió, así como el llamado a Diego García, exprocurador del Estado.

Su paso como funcionaria del anterior gobierno

La Presidenta agradeció la oportunidad para aclarar este tema, porque Ecuador necesita respuestas. Pidió que se analice este tema en su contexto y explicó que su vida profesional viene de un proceso desde hace 17 años en el ámbito político y 30 vinculada a instituciones privadas.

Indicó que su vinculación los estos últimos 10 años se dio por una invitación de la exministra Nataly Celi para que se desempeñe como Subsecretaria de los Programas Sociales que el gobierno impulsó. “Esta invitación se hizo porque previo a eso me desempeñaba como directora metropolitana de Seguridad Ciudadana con Paco Moncayo, como alcalde, de quien fui jefe de despacho”, dijo.

En ese marco, aseguró que no llegó directamente a la Vicepresidencia como una actividad solitaria, sino que fue parte de un proceso en distintas instituciones que laboró. “En la época que trabajé con Rafael Correa yo hice un trabajo netamente operativo no estuve en una área de toma de decisiones importantes, sino mas bien de coordinación de temas territoriales”, subrayó, al señalar que en esa misma línea trabajó con Jorge Glas.

“Entiendo la preocupación de los medios de comunicación y los ecuatorianos, pero rechazo la brutal cadena de desprestigio que se hace a través de redes sociales, en las cuales uno es sujeto de comentarios que sin conocer las cosas se permite juzgar”, afirmó.

También explicó su paso como concejal y funcionaria del Municipio de Quito, desde donde legalizó 300 barrios. Sobre las diferencias que tuvo con el exalcade Augusto Barrea acotó que empezaron porque no compartió “esa función de un alcalde que cumpla a cabalidad con una línea de gobierno, mas allá de las cosas que eran buenas para la ciudad. ” /Asamblea

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