El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala condenó este viernes las “acciones intimidatorias” y “con exceso de fuerza” por parte de las autoridades, en medio de dos allanamientos ejecutados por el Ministerio Público en una semana, lo que ha sido considerado en el país centroamericano como una injerencia en el proceso comicial.
En un comunicado de prensa, el TSE reiteró que la oficialización de resultados de la primera vuelta “está firme” y “debe producir todos sus efectos y consecuencias” para la celebración de la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto, en la que competirán Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.
La postura del TSE llegó un día después de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil, ejecutaran un nuevo allanamiento en la Dirección de Recursos Humanos del órgano electoral.
El Ministerio Público comunicó que el allanamiento fue para secuestrar documentación. En tanto, el secretario general del TSE, Mario Alexander Velásquez, informó a la prensa que los funcionarios se llevaron el “expediente laboral” de la subdirectora del Registro de Ciudadanos, Eleonora Castillo.
Acciones contra el TSE
La acción del Ministerio Público en la Dirección de Recursos Humanos ocurrió una semana después de que la Fiscalía realizara un allanamiento en el Registro de Ciudadanos del TSE, en seguimiento a un denuncia presentada por una persona que manifestó haber sido adherida “ilegalmente” al Movimiento Semilla.
Previo a ese primer allanamiento, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, a solicitud de la FECI, lo que implicaba que el opositor Arévalo no podría participar en la segunda vuelta.
No obstante, el jueves 13 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo en favor del Movimiento Semilla.
Defensa del Tribunal
Es en este contexto que el TSE denunció este viernes las “acciones desproporcionales, intimidatorias y con exceso de fuerza con que han actuado las diferentes autoridades”.
Así, el TSE instó a los organismos estatales a que coadyuven con “la estabilidad del sistema democrático”, a la vez que anunció que tomaría las “medidas legales necesarias” en defensa de los derechos de los funcionarios del ente y de los órganos electorales temporales, quienes “han sido afectados en su integridad y dignidad” en el desarrollo de sus funciones.
Denuncia contra funcionarios
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral interpuso un amparo ante la CC en contra de funcionarios estatales ante la “amenaza cierta, futura e inminente” de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado democrático de Derecho, al “no garantizar el ejercicio de las funciones” del TSE y de los órganos electorales temporales.
En suma, el TSE interpuso ese recurso con el objetivo de garantizar “el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión, en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”, reportó este viernes el medio local Prensa Libre.
Los funcionarios denunciados son los siguientes:
- David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación.
- Henry Yovani Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional.
- Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
- María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público.
- Wuelmer Ubener Gómez, procurador general de la Nación.
- Edwin Manfredo Ardiano, director general de la Policía Nacional Civil.
- Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas.
En el caso de José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos, estuvo incluido en la denuncia, aunque su nombre fue retirado posteriormente.
Fuente: actualidad.rt.com