El Salvador: piden cerrar “definitivamente” caso Santa Marta

Una docena de organizaciones no gubernamentales aglutinadas en la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua en El Salvador pidió este lunes que el proceso penal contra cinco líderes comunitarios, señalados de perpetrar un asesinato en el contexto de la guerra civil (1980-1992), se “cierre definitivamente”.

La Alianza señaló, en un comunicado, que la acusación penal contra los también ambientalistas “no tiene fundamento jurídico” y aseguró que “no garantizó el derecho a la integridad física y la salud de los líderes” durante el tiempo que estuvieron en detención.

La agrupación dijo que “este caso es una acción para perseguir a defensores ambientales y debilitar la resistencia anti-minería, dadas las intenciones gubernamentales de reactivar esta nociva industria extractiva, a pesar de estar prohibida por ley”. Por lo tanto, exigen la “nulidad de la acusación penal y cerrar definitivamente el caso”.

Este llamado se suma al hecho por la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), quienes entregaron en agosto de 2023 una carta al fiscal general, Rodolfo Delgado, en la que le solicitan que se retire la acusación penal.

Además, la defensa de los cinco líderes comunitarios pidió en septiembre del mismo año a una corte de instrucción que declare el sobreseimiento de la causa penal al amparo de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.

Los señalados, que ahora se encuentran bajo arresto domiciliar, son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, estuvieron presos desde el 11 de enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.

La comunidad Santa Marta

Las personas involucradas en el proceso penal son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil. Sus habitantes han pedido justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.

Los líderes de dicha comunidad empujaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.

 

Fuente: dw.com

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