En el 2016 fue la última vez que empleadores y trabajadores llegaron a un consenso para el alza salarial, que sería para el 2017. Entonces, en un hecho que no había sucedido desde 16 años atrás, ambas partes acordaron una subida de 9,32 dólares.
Siete años después, la incompatibilidad de posiciones se ha mantenido. El 1 de diciembre del 2023, en una cuarta reunión, nuevamente los dos lados no pudieron entenderse y la decisión para definir el Salario Básico Unificado del 2024 quedó en manos del Ministerio del Trabajo. Esta vez, la notable diferencia entre las posturas prácticamente ha hecho inviable un acuerdo desde la primera reunión.
Por un lado, los empleadores han insistido en la aplicación de la metodología establecida en el Acuerdo Ministerial No. 185, del 19 de octubre del 2020, expedido por la cartera de Estado, “que conlleva parámetros técnicos y aspectos definidos en un estudio realizado por el Banco Mundial, que se traduce en 4,12 dólares”. Por su parte, los trabajadores han defendido su argumento de que el incremento salarial debe ser de al menos 100 dólares, para alcanzar el costo de la canasta básica (784,02 dólares a octubre de 2023).
Al término de la reunión, a través de un comunicado, la Cámara de Industrias y Producción explicó que al no lograrse un acuerdo, el Artículo 118 del Código del Trabajo establece que el salario deberá ser fijado por el Ministerio de Trabajo en función de la inflación proyectada para el próximo año (2,07%, según informe oficial del Ministerio de Economía y Finanzas), es decir un incremento de 9,32 dólares.
“Cualquier cosa distinta a esto está fuera del marco legal y de parámetros técnicos. El mercado laboral ecuatoriano cuenta con un problema estructural marcado por la informalidad económica, que es incapaz de generar empleos en condiciones adecuadas y no permite superar las diferentes formas de exclusión laboral. Las cifras evidencian que los incrementos desmedidos del salario no han generado nuevas plazas de empleo de calidad. En 15 años, se ha incrementado en 165% (de 170 a 450 dólares), mientras que el empleo adecuado se ha reducido en un 18%”.
De su lado, la representante de los trabajadores, Marcela Arellano, reiteró sobre la necesidad de que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios se institucionalice y que la Ministra de Trabajo emita un decreto que posibilite que las reuniones sean permanentes y cumplan con el objetivo del tripartismo en la consulta previa de todas las reformas y las modificaciones a la norma laboral.
Fuente: expreso.ec