El empuje del gasto en defensa se coloca en el ojo del huracán de los grandes debates que afronta la UE. La invasión militar rusa de Ucrania obligaba al bloque comunitario a replantearse el proyecto de paz que veía la luz tras la segunda Guerra Mundial. El contexto geopolítico ha presionado a los países para romper los tabúes sobre una inversión en el ámbito militar que la Comisión Europea estima en 500.000 millones de euros para la próxima década. En un momento en el que las economías del euro se encuentran tocadas tras el golpe de la pandemia y los elevados niveles de deuda arrojan más incógnitas que certezas, la UE explora una nueva emisión de deuda conjunta y la suspensión, de nuevo, de las reglas fiscales para aupar el tan necesario gasto en defensa.

Si el debate sobre la financiación militar estaba de fondo desde que empezó la guerra de Ucrania, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el seísmo que ha generado en la gestión del conflicto deja al bloque con una sensación de premura y sin más opciones que actuar. Lo esencial es que la UE trace un plan que le permita impulsar el gasto en defensa y mejorar su autonomía estratégica en este ámbito. Sobre la mesa hay ya varias opciones y Bruselas tendrá que ingeniárselas para encontrar la mejor combinación: la emisión de deuda conjunta a través de eurobonos, la suspensión de las reglas fiscales a nivel nacional, redirigir fondos Next Generation, utilizar líneas de crédito del fondo de rescate, canalizar financiación del Banco Europeo de Inversiones o añadir partidas adicionales al presupuesto de la UE.

La UE tiene sobre la mesa una conversación complicada: primero por quién difiere entre que el gasto debe ser nacional o europeo pero también por quién considera que la política de defensa debe arraigarse en los Gobiernos y no a nivel comunitario, como pide Grecia. La divergencia de ópticas. La tradicional fractura entre norte y sur se vuelve a hacer patente al hablar de financiación, aunque esta vez se evidencia también una división entre la premura de la amenaza que experimentan los países del este y la distancia con esta perspectiva de los más alejados del conflicto.

En todo caso, esta semana el debate se consolidaba. Una de las principales y más controvertidas opciones para impulsar el gasto en defensa son los eurobonos, que requiere de una nueva emisión de deuda conjunta. La constante línea que divide al bloque comunitario vuelve a evidenciarse. Alemania, Austria y Países Bajos rechazan los recursos compartidos. Los países tradicionalmente alineados con la disciplina fiscal vuelven a exhibir posturas tajantes en contra de una nueva mutualización de la deuda como la de la pandemia. “El dinero no es gratis, lo que gastemos por un lado no podemos gastarlo en otro”, afirmaba esta semana el ministro de Finanzas holandés, Eelco Heinen.

Mientras Países Bajos y Alemania descartaban de lleno que “más deuda conjunta sea la fórmula para Europa” y defendían una “economía fuerte y una moneda fuerte”, otros Estados miembro como España y Bélgica se posicionaban a favor de recursos comunes. El sur de Europa vuelve a inclinarse por un esfuerzo a nivel comunitario y más deuda conjunta, en lugar de tirar de partidas nacionales. La conversación tiene lugar en un momento en el que el recuerdo de la primera emisión de deuda conjunta de la UE, la del plan de Recuperación de la pandemia, está todavía cerca y, por tanto, suscita más sensibilidades si cabe. Los altos niveles de deuda de los países de la UE evidencian un riesgo extra a la hora de valorar nuevas fórmulas de financiación. En un momento en el que los motores económicos del euro experimentan turbulencias económicas, el incremento del gasto en defensa a través de una nueva emisión de deuda no hace sino alimentar el fantasma de futuros desequilibrios económicos.

Todo esto es especialmente relevante al volver a encarar el debate de la flexibilización de las reglas fiscales para aupar la financiación militar. La idea la planteaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la pasada semana en Múnich. Propone activar la cláusula general de escape, a nivel nacional, que supone suspender las normas de gobernanza económica para que los países puedan incrementar su gasto en defensa y que éste no compute a la hora de calcular que los Gobiernos cumplen con el límite de déficit del 3% sobre el PIB y del 60% para la deuda.

Las dudas sobre tal recurso son amplias: hay quien critica que esta fórmula mandará una señal de poca credibilidad a los mercados, también quien considera que este gasto no debe correr a cargo de los presupuestos nacionales sino de los comunitarios. Pero gran parte de la controversia viene también de que las reglas fiscales se suspendieron hace nada, por la pandemia. Se volvieron a aplicar de nuevo, tras una profunda reforma de sus bases, en el arranque de 2025. Plantear de nuevo una excepcionalidad para proceder a su suspensión vuelve a poner en entredicho la estabilidad presupuestaria de los Estados miembro en un momento en el que todavía no han conseguido reducir los niveles de déficit y deuda tras el Covid-19. En un momento, a fin de cuentas, en el que no se ha vuelto del todo a la disciplina fiscal.

Otras opciones sobre la mesa

Otras ideas en el debate pasan por canalizar fondos ya existentes al incremento del gasto en defensa. Considerando la reticencia de los frugales a una nueva emisión de deuda conjunta, la UE podría recurrir a canalizar la financiación del Plan de Recuperación para esta partida. Con el horizonte puesto en el límite temporal de agosto de 2026 y todavía una gran cantidad de recursos por gastar, los fondos Next Generation podrían articularse como una suerte de puente que permita canalizar financiación mientras no haya otras opciones operativas sobre la mesa. Según el Financial Times, Bruselas podría vehicular más de 90.000 millones de euros a la inversión en seguridad y defensa.

Estos instrumentos conferirían un poco de tiempo para abordar la inversión en defensa en horizonte temporal a largo plazo. El presupuesto comunitario se articula como otro de los mecanismos que permitirá aumentar el volumen de financiación. En una negociación para el periodo 2028-2034, la canalización de partidas como los fondos de Cohesión se presenta como una de las opciones de debate, pero más allá de ello el bloque tendrá que enfrentarse a complejas discusiones como ampliar el arco de recursos propios destinados a aumentar las arcas comunitarias o incrementar las contribuciones nacionales de los Estados miembro. Una idea esta última, que genera reparo entre los países que más aportan a las cuentas de la UE, como Alemania o Francia.

Pero hay otros instrumentos a disposición de la UE. Queda espacio para expandir el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la hora de financiar proyectos en defensa. La idea pasa por ampliar lo que se consideran iniciativas con fines duales, es decir, civil y militar, para poder canalizar más financiación el segmento de defensa. Pero el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el conocido como fondo de rescate y que jugó un papel crucial durante la crisis financiera de 2008, se erige como otra de los recursos a disposición de la UE. Se trataría, a fin de cuentas, de ofrecer líneas de crédito al gasto militar, emulando las fórmulas de la pandemia.

Esta última es precisamente una de las ideas que planteaba el exprimer ministro italiano, Enrico Letta en su análisis para impulsar la competitividad del bloque en el segmento de defensa, que “permitiría conceder préstamos de hasta 1.000 millones de euros” y de “hasta el 2% del PIB de un país miembro a tipos de interés favorables”.

En su análisis, el italiano exponía las múltiples necesidades que el bloque presenta en el segmento de defensa. Si su principal tesis pasaba por profundizar en el mercado único, esto también se aplica al sector de defensa. En un intento por romper con las dependencias de socios comerciales poco predecibles, como está resultando ser actualmente EEUU, principal proveedor de equipo militar de la UE, Letta abogaba por impulsar la producción militar europea y recurrir a proveedores europeos.

En definitiva, habla de una “europeización de la cadena de suministro” de defensa. Se inclinaba por la emisión de los eurobonos en el debate de la deuda europea y abogaba por que los países del bloque se unieran para realizar compras conjuntas de equipo militar, en una fórmula similar a la utilizada en la compra de vacunas de la pandemia o la compra de gas en la crisis energética por la guerra de Ucrania.

Compartía esta idea el otro primer ministro italiano responsable de elaborar un informe sobre la competitividad de la UE, Mario Draghi. Hablaba, además, de la necesidad de coordinar el gasto en defensa, de avanzar en la integración de la industria, de crear un ecosistema que permita que las empresas del sector de defensa puedan crecer y de evitar duplicidades entre Estados miembro. Una llamada a una visión comunitaria, en definitiva, de la estrategia de defensa. Un plan que empezará a tomar forma con una primera propuesta del Ejecutivo comunitario en tres semanas, una vez se diluciden los resultados electorales en Alemania.

Fuente: Revista El Economista 

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