El Gobierno ha salvado en la Comisión de Hacienda del Congreso la ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales y parte del paquete fiscal que viene anunciando desde hace semanas tras una jornada caótica que acabó en la madrugada del martes gracias a un acuerdo in extremis con ERC, Bildu y BNG para prorrogar un año más el gravamen a las grandes energéticas a través de un decreto ley, aunque este punto tiene matices.
El acuerdo parece contradecir el pacto que el Gobierno mantenía con Junts y PNV para dejar decaer el impuesto energético a partir del 31 de diciembre, pero los independentistas catalanes apoyaron finalmente el texto. El propio Ministerio de Hacienda aclaraba en un comunicado enviado a las 00:54, poco después de confirmarse el pacto con ERC, Bildu y BNG, que “mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización“. Es decir, el impuesto no se hará automáticamente extensible a todas las compañías sino que se eliminará para quienes cumplan con esa condición.
Tras ocho horas de sesión en las que la Comisión de Hacienda decretó un receso que acabó durando más de cuatro horas ante la falta de acuerdos del Gobierno que sacaran adelante el nuevo tributo mínimo global del 15% para empresas multinacionales que exige Europa y con el que España ya está fuera de plazo, jugándose la sanción y el quinto desembolso de los fondos europeos. Tras ese plazo extra para fraguar pactos, la jornada culminó con relativo éxito para el Ejecutivo tras atar los apoyos de ERC, Bildu y BNG, que se se negaban a apoyarlo si no incluía el impuesto energético.
El impuesto a la banca, a examen el jueves
El éxito del Gobierno en la jornada maratoniana del lunes es moderado. Del centenar de enmiendas registradas, sólo ha atado algunas, como la subida de dos puntos porcentuales el tipo del IRPF para la rentas del ahorro superiores a 300.000 euros (del 28% al 30%), cambios normativos para reforzar la lucha contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos o medidas para paliar los efectos de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del impuesto de sociedades del PP (limitación de la compensación de las bases imponibles negativas o de las deducciones por doble imposición).
También se ha acordado gravar los vapeadores, subir la fiscalidad del tabaco, promover una modificación de la directiva europea del IVA que permita aplicar el impuesto a los alquileres turísticos o impulsar la factura electrónica, mejoras en la tributación de las cooperativas, bajada del impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros o una mejora de la tributación de las actividades artísticas y una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social para los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro.
El impuesto extraordinario a la banca es el gran melón que se abrirá el jueves en el Congreso tras decaer en la Comisión de Hacienda del lunes. El pacto del Gobierno con ERC, Bildu y BNG cerrado esta madrugada también incluye un acuerdo para incluir en la tramitación del proyecto de ley del impuesto a las multinacionales el endurecimiento del tributo bancario con un aumento del tramo más alto en el impuesto, dirigiendo toda la recaudación a las comunidades autónomas y concertado con las haciendas forales de la comunidad autónoma vasca y la comunidad foral de Navarra.
Lo pactado a este respecto entre PSOE y Junts hasta el momento incluía un rediseño del impuesto a la banca se extenderá a las pequeñas entidades de crédito con un primer tramo de 0 a 750 millones de euros con un tipo del 1%; otro de 750 a 1.500 millones con un tipo del 3,5%; otro de 1.500 a 3.000 millones con un tipo del 4,8%; y un último tramo a partir de 3.000 millones de euros con un tipo del 6%, según pudo saber elEconomista.es unas semanas atrás. Sería este último tramo el que se buscaría endurecer en la votación dentro de dos días elevándolo al 7% a partir de 5.000 millones.
Esa votación del jueves podría abrir la puerta a rescatar las enmiendas del paquete fiscal del Gobierno que no han sido incorporadas, como la subida de la fiscalidad del diésel, eliminar el régimen especial de las socimis o fijar un IVA del 21% para los pisos de alquiler turístico, dependerá de esa votación del jueves, que podría abrir la puerta a rescatar las enmiendas que no han sido incorporadas.
La llave podría tenerla Podemos
Los acuerdos de anoche son el primer paso. La ley pasa ahora al Pleno del jueves, donde son necesarios los votos tanto de Junts como de Podemos, que ya avisaba anoche, en boca de su secretaria general, Ione Belarra, de que sólo apoyará la reforma fiscal si el impuesto energético realmente se mantiene. Este martes el mensaje lo ha mantenido la formación morada al insistir Belarra en que “no acepta tomaduras de pelo” y volver a condicionar sus votos a que la reforma fiscal mantenga el impuesto a las eléctricas.
La postura de Podemos es importante ya que con la aritmética parlamentaria actual y la dificultad del Gobierno para mantener el equilibrio en la Cámara baja, un posible voto en contra de los morados podría ser decisivo y hacer que la iniciativa no saliera adelante, ya que derivaría en empate a 175 votos. Cabe recordar que el reglamento del Congreso establece que si persiste ese empate en las tres votaciones que fijan para tratar de resolverlo, la propuesta decae en el Pleno.
Fuente: Revista El Economista
