El trabajo integral y coordinado de la fuerza pública y otras instituciones del Estado permitieron retomar y mantener el control y seguridad en el Centro de Privación de Libertad Azuay N° 1, así lo informaron las autoridades gubernamentales en una rueda de prensa emitida este lunes, 4 de abril de 2022. Dentro de las acciones emprendidas, la atención a familiares de las víctimas y a personas privadas de la libertad (PPL) es prioridad para el Gobierno Nacional.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, anunció que “no existe más personas fallecidas en ninguno de los pabellones”, luego de los actos violentos registrados este domingo. Y para garantizar los derechos humanos de los PPL se implementó un espacio de atención médica para 130 reclusos, que previamente fueron evacuados de sus pabellones. Esto es posible con el apoyo de la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El resultado de este trabajo permitió la atención de cinco privados de la libertad; dos ya retornaron al centro y tres se encuentran estables en atención.
Asimismo, el personal del SNAI junto a la Secretaría de Derechos Humanos brinda asistencia a las familias de las víctimas. Y de manera paralela, desde ayer, se entregaron kits de alimentación e hidratación para las personas privadas de libertad. Y actualmente se dan todas las garantías necesarias a la empresa que provee la alimentación dentro del centro de rehabilitación para que se retome el servicio. Adicionalmente, el INEC, Registro Civil y MSP levantarán información oficial – de la parte sociodemográfica- para conocer las condiciones sociales de los privados de la libertad en el Centro de Privación de Libertad Azuay N° 1. Ramírez aseguró que desde el SNAI y el Gobierno Nacional se atiende el descuido del Estado durante años al sistema de rehabilitación social.
La atención social es uno de los ejes más importantes de la intervención gubernamental. La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, brindó detalles de las acciones que se han ejecutado en las últimas horas desde el Centro Forense, lugar en el que se ha desplegado la atención a los familiares de las víctimas y de otras personas privadas de la libertad: “Estamos brindando toda la información y el acompañamiento”, dijo. Por ejemplo, ayer más de un centenar de personas recibieron asistencia psicosocial, y hoy cerca de 80 familiares fueron atendidos.
Esto ha sido posible tras una coordinación interinstitucional, entidades como Acción Social de Cuenca, el Gremio de Planificadores del Azuay y la Junta de Artesanos entregaron refrigerios a niños y niñas que están con sus familiares en el Centro. Mientras que la Defensoría Pública apoya con asesoría jurídica. “En medio de esta situación tan dolorosa queremos dar un mensaje de tranquilidad, producto de las acciones que desde el eje social del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social se han desplegado”, indicó.
En cuanto al proceso de identificación de los cuerpos, la secretaria Ordóñez informó que ya se ha desarrollado la identificación y toma de huellas dactilares; la Fiscalía General del Estado custodia esta información. En las próximas horas se prevé que cinco cuerpos sean entregados a sus familiares y algunos de ellos serán trasladados a sus ciudades: Quito, Macas, Durán y Guayaquil.
Mientras tanto, el Comandante General de la Policía, Carlos Cabrera, señaló que las requisas continúan efectuándose en el interior del centro. Hasta el momento se ha identificado 197 indicios balísticos, 50 celulares, 329 dosis de sustancias estupefacientes, 127 armas cortopunzantes y 1.312 litros de alcohol en procesamiento para ingerir al interior. De igual manera, el Comandate informó que se mantiene el número de 20 fallecidos, de los cuales 19 decesos se dieron en el marco de los hechos violentos y 1 debido a la ingesta de una sustancia química. Las riñas se debieron a disputas por el liderazgo al interior de la organización delincuencial Los Lobos.
Y, para precautelar una intervención integral, se trasladó a personal policial especializado en el mantenimiento del orden, levantamiento de cadáveres y medicina forense desde Quito. Actualmente 850 efectivos policiales se encuentran en el CPL para garantizar el orden. Toda la intervención, dijo el funcionario, se enmarcó en la Constitución, las leyes y los reglamentos que facultan el actuar de las fuerzas del orden, “observando totalmente el respeto a los derechos humanos de los privados de la libertad”.
Precisamente, el director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Agustín Proaño, informó que se mantiene la operación articulada para el absoluto control del centro de rehabilitación social, en el marco de sus competencias: “El compromiso de las Fuerzas Armadas es continuar con el contingente y apoyo de acuerdo al requerimiento de las autoridades”, expresó.
Por su parte, el secretario General de Comunicación, Eduardo Bonilla, solicitó a la ciudadanía informarse por los canales oficiales. De esta manera, el Gobierno Nacional, con absoluta transparencia detallará los avances para mantener el control y la seguridad en los centros penitenciarios, respetando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Fuente: Secretaría General de Comunicación