La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, recibió nuevos aportes y observaciones para continuar el tratamiento de la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.
En esta ocasión acudieron a la mesa legislativa Efraín Argüello y Juan Herrera, delegados de la Dirección General de Inteligencia y de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense.
Efraín Argüello centró su observación en la necesidad de que esta iniciativa fortalezca los aspectos de prevención y no únicamente los de reacción frente a eventos que involucren el uso de armas de fuego.
En este sentido solicitó incluir un artículo sobre la obtención de una certificación balística, dada por un sistema de identificación balística nacional, como una medida preventiva para su adquisición y frente al tráfico ilícito de municiones.
Además solicitó incluir una definición para las armas de fuego de uso policial, indicando que son aquellas destinadas al cumplimiento exclusivo de su misión constitucional, para diferenciarlas de las armas de fuego de uso civil, deportivas y de fogueo. “Las definiciones precisas ayudarán a escalecer cualquier hecho en caso de llegar a una etapa de investigación o juicio por su uso inadecuado”, dijo.
Por otro lado, Juan Herrera destacó que existe una limitación legal que impide la entrada de explosivos a territorio ecuatoriano, pues en la actualidad, únicamente la empresa Explocen puede operar como fabricante de explosivos.
“Esto representa una limitación de mercado y un conflicto de intereses, pues la mencionada empresa pertenece, en un 60 %, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador y no tiene la capacidad operativa para atender la demanda creciente de explosivos en el mercado minero a gran escala”, informó.
Concluyó destacando que “bajo este panorama y en detrimento de la norma constitucional se configura una limitación en el ingreso de nuevos operadores económicos para la provisión de explosivos de la industria minera y petrolera”.
Finalmente, la comisión avocó conocimiento del proyecto de Ley de Inteligencia, que cuenta con 87 artículos, 4 disposiciones generales, 3 transitorias y 1 derogatoria, que buscan fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia, para establecer una adecuada gestión de la inteligencia y contrainteligencia nacional.
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