Autoridades de Gobierno y representantes de organizaciones acudieron a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana a exponer sus criterios en torno al VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, como parte del proceso de fiscalización y control político dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional.
Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, informó que el proyecto de censos estaba planificado desde el año 2021, como un proyecto de inversión financiado con créditos, como lo establece en la Constitución.
Explicó que para el efecto se encuentran asignados 40.3 millones de dólares, tanto al INEC, como al Ministerio de Defensa, este último brinda apoyo al proceso. Precisó que de la cantidad asignada hasta la fecha se tiene comprometido 11,9 millones de dólares, en vista de que un gran porcentaje que corresponde a gastos de personal que se va devengando conforme cumplen su tarea.
Entre tanto, Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, informó que desde el año 2018 se han invertido recursos en el proceso de preparación del censo de modo que hasta 2023 tendrá un costo de 90 millones de dólares, que dividido para 18 millones de ecuatorianos representa una inversión per cápita de 5 dólares.
Expresó que este censo será más costoso y se explica básicamente por el pago a cerca de 18 mil censistas que representa aproximadamente 25 millones de dólares.
Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), expresó que a las comunidades les preocupa la autodefinición de nuevos pueblos, a la vez aseveró que para evitar confusiones es necesario garantizar una metodología adecuada con preguntas claras.
Lilian Gualavis, vicepresidenta de la Ecuarunari, manifestó que como pueblos y nacionalidades rechazan cualquier intención de invisibilizar al movimiento indígena.
La asambleísta Paola Cabezas comentó que es importante asignar los recursos para brindar seguridad a los censistas y que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas puedan acompañar a estas personas.
El legislador Mauricio Zambrano reveló que un equipo del Inec fue agredido en la provincia de Esmeraldas y se registró el robo de los dispositivos tecnológicos que utilizan los censista, por lo que se requiere conocer los protocolos de seguridad que se han dictado para evitar estas situaciones.
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