Estados Unidos destaca la gestión de la Procuraduría General del Estado (PGE) en acciones de lucha contra la corrupción. Por ese motivo, entregó un reconocimiento a Íñigo Salvador, procurador de Ecuador.
Michael Fitzpatrick, embajador de EE.UU. en Ecuador, otorgó una placa a Salvador el 29 de marzo de 2022.
El acto se efectuó durante el seminario Perspectivas complementarias de prevención y combate a la criminalidad, organizado por Panamerican Development Foundation (PADF) en Ecuador, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, y la Embajada de EE.UU. en el país.
“Quiero felicitar al Procurador General del Estado por su convicción personal y compromiso con la justicia, libertad, seguridad, democracia y la colaboración entre las instituciones del sector público y del sector privado”, dijo el representante de EE.UU.
Ley de extinción de dominio
Además, destacó el rol de la Procuraduría en la implementación de la Ley de Extinción de Dominio. “Puedo ver la voluntad no solo en Ecuador sino en la región, la voluntad de combatir al crimen organizado”, indicó Fitzpatrick.
Según Salvador, el reconocimiento “es el resultado del esfuerzo de todas las áreas misionales de la PGE”. El funcionario manifestó que en su gestión se creó la Unidad de Recuperación de Activos. Esta se dedica a ejercer el patrocinio del Estado ecuatoriano en la fase de ejecución de las sentencias emitidas, dentro de procesos penales por corrupción.
La Procuraduría también coordina acciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Instituto de Basilea. Este último se especializa en recuperar bienes de la corrupción, lavado de activos y otros delitos financieros.
De acuerdo con el Procurador, su Institución tiene un nuevo modelo de gestión, basado en un carácter preventivo, proactivo, científico y profesional, con unidad de decisión y acción, así como una ejecución basada en procesos.
Antecedentes
Una de las tareas que tiene la Procuraduría es defender los intereses del Estado y responder sobre la demanda de los hermanos Isaías, quienes buscan recuperar USD 2 000 millones como reparación tras ser declarados inocentes.
Por otro lado, existe un juicio político en contra del Procurador. Se lo señala de supuesto incumplimiento de funciones en procesos arbitrales frente a las compañías petrolera Perenco y Chevron-Texaco.
Sin embargo, la Comisión de Fiscalización del Legislativo no avocó conocimiento de la solicitud del juicio y se remitió al Pleno de la Asamblea. El caso aún no se debate.
Fuente: El Comercio