Ecuador invertirá $ 1,5 millones para el funcionamiento en 2023 de la nueva Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado

Entre enero y diciembre de 2023 la nueva Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado contará con un presupuesto de $ 1′505.653,56 para el talento humano que laborará en esta dependencia. Este lunes 19 de septiembre el Consejo de la Judicatura (CJ) dará a conocer los resultados del concurso público de méritos y oposición para designar 14 jueces especializados con competencia para juzgar 44 delitos relacionados con hechos de corrupción y crimen organizado.

La tarde del viernes último, con cuatro votos afirmativos, es decir, por unanimidad, el pleno de la Judicatura aprobó el informe final del concurso para la selección y designación de jueces especializados. Los vocales titulares Maribel Barreno, Juan José Morillo y Javier Muñoz y el presidente encargado del CJ, Fausto Murillo, votaron a favor del informe. El vocal suplente Álvaro Román estuvo ausente en la plenaria.

Según el informe de la Fase de Impugnación Ciudadana y Control Social, seis meses después de haberse iniciado el proceso, 36 de los 37 aspirantes que llegaron a este punto quedaron en carrera. Siete solicitudes de impugnación contra el mismo número de aspirantes fueron presentadas, pero todas, después del análisis respectivo, terminaron siendo inadmitidas, debido a que tuvieron falta de presentación de requisitos generales establecidos.

La tarea de implementar salas, tribunales y jueces especializados en corrupción y crimen organizado fue dispuesta como parte de un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial 345, del 8 de diciembre de 2020. El presupuesto previsto para la ejecución del concurso que arrancó en abril pasado ha sido de $ 352.292.

Un total de 40 funcionarios laborarán en la Unidad Judicial que el CJ espera esté en funcionamiento a finales de octubre próximo. Junto a los 14 jueces, los cuales serán designados luego del curso de formación inicial de 52 días, trabajarán seis secretarios (dos para Unidad Judicial, dos para Tribunal de Juzgamiento y dos para Sala de Apelación), 14 ayudantes judiciales, uno para servicio de notificación o citación, dos para servicios de ingresos y requerimientos procesales, uno de servicio de solicitud de procedimientos de archivo, uno para servicio de archivo y uno para servicio de escucha especializada (Cámara de Gesell).

Quienes superen el curso de formación inicial de 52 días para acceder a la carrera judicial jurisdiccional serán declarados elegibles en el orden del puntaje obtenido, prelación y paridad. Un total de 16 asignaturas se impartirán en el curso y un número similar de profesionales del derecho serán los docentes. La mayor parte de estos profesionales provienen de la academia, según informó la Judicatura.

Doce de las asignaturas planteadas en el curso serán de conocimiento específico en lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Entre las materias que se impartirán están: derecho constitucional y procesal constitucional, derechos humanos, género, diversidad e interculturalidad, derecho penal y procesal penal, corrupción pública, lucha contra la corrupción, crimen organizado 1 (graves violaciones contra los derechos humanos y trata de personas), crimen organizado 2 (delitos contra la vida, libertad y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, crimen organizado 3 (actividad ilícita de recursos mineros, lavado de activos y terrorismo) y otras ocho asignaturas.

La nueva unidad especializada que tendrá sede en Quito, pero mantendrá un alcance nacional, arrancará su trabajo dos meses después de lo previsto inicialmente. El presidente Murillo ha calificado a este como un proyecto muy importante para el país y debido a las complejas materias que tratarán los futuros jueces se trabaja en la protección que recibirán todos estos funcionarios.

Dentro de este proyecto no se contaron con jueces nuevos en la Corte Nacional de Justicia, pues serán los mismos jueces nacionales de la Sala Especializada de lo Penal quienes conocerán estos temas, ya que al momento entre sus competencias tienen el despachar casos por corrupción y crimen organizado. (I)

Fuente El Universo

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