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Cada dos minutos roban un celular

Un atraco con arma blanca o pistola. El cosquilleo en el autobús. El raponazo: una moto que pasa a toda velocidad, te deja con la conversación en la boca y varias magulladuras. Cada dos minutos se roba un móvil en Colombia. La medición es de la Asociación de la Industria Móvil (Asomóvil), que representa a los tres operadores más importantes del país. Cifra que les permite afirmar que este es el país de Sudamérica donde más hurtos de este tipo se producen.

En 2017 se robaron 1,2 millones de unidades, según las primeras previsiones de varias entidades del sector, a falta del consolidado definitivo. El impacto para la economía es de un billón de pesos (unos 350 millones de dólares). Y las estadísticas que elabora la Fiscalía colombiana cada año demuestran que la cifra sigue subiendo: entre 2015 y 2016, el aumento fue del 18,8 %. “Es de lejos el delito que en 2017 más se incrementó en el país”, ha dicho el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Debajo de estos números oficiales hay un subregistro: el año pasado solo se denunció en el 4 % de las ocasiones. Los ciudadanos llaman a sus operadores para que bloqueen su teléfono, pero no acuden a las autoridades.

Colombia no produce móviles, solo los importa para su venta en el mercado local. De la exportación se encargan las redes criminales que operan en todo el país. Las organizaciones dedicadas a este delito controlan desde el ladrón hasta el vendedor que permite que los aparatos colombianos lleguen a los países vecinos.

La cadena delictiva comienza en cualquier calle. El robo de móviles no conoce declases sociales. “Las redes se componen de individuos de estratos bajos, con escasos niveles educativos, en muchos casos pertenecen a la misma familia o son amigos del barrio”, explican desde la Fiscalía. “En promedio delinquen organizados en grupos de tres a cinco personas. Mujeres y hombres entre los 15 y 30 años”.

Una vez que el ladrón se hace con el teléfono pasa a manos del reducidor, como denomina la Fiscalía al segundo actor de la cadena delictiva. “Es la persona que compra los móviles hurtados, teniendo pleno conocimiento de ello; su ganancia depende de las ventas que consiga en la compraventa”, explican desde el organismo judicial.

El reducidor se encarga de resetear la información del teléfono, incluyendo la seguridad. De esta manera, cambia la identidad del móvil e intenta evadir las posibles acciones legales. En este proceso busca la ayuda del denominado liberador, “encargado de abrir las bandas del móvil o adulterar el IMEI, liberar y cambiar las carcasas”, detallan desde la Fiscalía. Para “lavar el móvil”, en el argot criminal, se buscan personas con conocimientos técnicos y que tengan acceso a equipos piratas de software especializado.

El IMEI es el registro de los equipos móviles que se le exige a un usuario cuando adquiere un teléfono en Colombia. Una vez que se hace esta identificación, el aparato pasa a formar parte de una base de datos positiva, es decir, de un listado de terminales legales.

Esta política ha dotado, según el Ministerio, a las autoridades de “una herramienta indiscutible en la georreferenciación de áreas de impacto de este flagelo, la identificación de responsables y su posterior judicialización”. El resultado ha sido el bloqueo de cerca de 14 millones de equipos entre agosto de 2015 y octubre de 2017, según la CRC.

Al mismo tiempo, los delincuentes colombianos desarrollaban sus propias técnicas para sortear esta medida. En 2017 se detectó cerca de un millón de equipos con el IMEI duplicado.

Los teléfonos ‘liberados’ van a Ecuador y Perú

Su destino es Argentina, Perú, Venezuela y Ecuador, entre otros vecinos de la región, a través del propio tarjetero o usando a un tercer actor. Un celular de alta gama robado en una calle de Colombia, con un costo de alrededor de 200 dólares, puede terminar valiendo alrededor de 1.800 dólares en Argentina. En Venezuela, según información de la CRC, se han batido récords de venta debido a la inflación. La policía estima que el 30 % se vende en el mercado interno y el 70 % se exporta.

Más de una decena de organizaciones dedicadas al robo y venta de estos aparatos en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Panamá fueron desarticuladas el pasado agosto por la Fiscalía y la policía de Colombia en coordinación la Comunidad de Policías de América (Ameripol), en una operación de tres días.

Fuente: Diario Expreso

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