Dos generales de Policía en servicio pasivo y dos exfuncionarios del Isspol enfrentarán una audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado

A las 18:00 de este miércoles se realizará la audiencia de formulación de cargos contra dos exdirectores y dos exfuncionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) que fueron detenidos con fines investigativos, la madrugada de este miércoles, dentro de una investigación por peculado que habría ocurrido durante una inversión de millones de dólares que realizó el Isspol.

Entre los detenidos están los generales en servicio pasivo Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, quienes ocuparon el cargo en el Isspol de directores generales, además del exdirector de inversiones, Alfredo Daniel V., y el ex director jurídico del Isspol, Santiago Patricio D.

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En los cuatro allanamientos realizados en distintos puntos del norte de Quito, desde la noche del martes pasado y que culminaron la madrugada de este miércoles, las autoridades incautaron información que tendría relación con la investigación previa que se abrió a finales del 2020.

De las investigaciones hechas por la Fiscalía se desprendería que entre el 2014 al 2019 se realizaron inversiones irregulares con fondos del Isspol sin cumplir con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Registros revelarían que el Isspol invirtió a través de empresas representadas por José Chérrez $ 693 millones.

El actual director del Isspol, el general (sp) Juan Carlos Rueda, explicó en Guayaquil en una rueda de prensa que ellos como institución han evidenciado que existe responsabilidades de orden administrativo, pues sus decisiones que se tomaron fueron con los recursos de los policías, recurso que, por ejemplo ascenderían a $ 216 millones invertidos con la figura de Reporto Privado de Valores, figura que, menciona Rueda, “en la legislación bursátil no existe”.

Según Rueda, por esta inversión con irregularidades el Isspol debe recuperar más de $ 690 millones y otros valores en cesión de derechos fiduciarios en 38 fideicomisos.

Gabriel Ponce, uno de los abogados del general Proaño, no entiende cómo se ha procedido desde la Fiscalía con una detención con fines investigativos, si su cliente ha comparecido a todas las diligencias a las que ha sido convocado. Proaño habría ocupado el cargo de director general del Isspol entre el 2016 y el 2019.

Ponce califica a la detención como “arbitraria e ilegal”, porque no cumpliría con los elementos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, donde únicamente podría darse una detención con fines investigativos solo si fuese necesario receptar la versión de la persona investigada, si es que esta no había comparecido al llamamientos anteriores.

“Que se investigue lo que se tenga que investigar, pero lo que no está bien es que se aproveche del sistema penal y se lo utilice abusivamente para perjudicar a personas sobre quienes aún pesa la presunción de inocencia y sobre quienes no existe elementos sobre los cuales determinar la posibilidad de algún grado de participación y mucho menos ni siquiera existen elementos de la materialidad del delito”, señaló Ponce, mientras afirmó que hay mucho apresuramiento de la Fiscalía y cree que la decisión adoptada corresponde a tratar de ocultar lo que sucedió en las cárceles del país.

La defensa del general Espinosa de los Monteros, Paúl Ocaña, también refiere no entender la detención, más aún cuando dice que han sido parte en estos meses del expediente, han presentado pruebas de descargo e incluso han entregado información importante.

Ocaña tiene clara la inocencia de su defendido. Apunta su principal argumento en que Espinosa fue director del Isspol desde 2 de septiembre de 2013, hasta el 2 de septiembre de 2015, y recuerda que la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que la negociación se realizó el 15 de diciembre del 2015, es decir, dos meses después de que fue director su cliente.

El abogado del exdirector Espinosa de los Monteros aseguró que los directores son meramente secretarios o representantes del Isspol y reconoció que quien toma las decisiones en esa institución es el Consejo Superior de la Policía.

Al ser consultado de que existía desde el 2012 una disposición para que ese tipo de decisiones las tome directamente el director general del Isspol, Ocaña no niega esa situación, pero afirma que la realidad es otra, es decir, existiría la disposición para que sea el Consejo Superior de la Policía y sus miembros los que toman las decisiones.

Tanto Ponce como Ocaña adelantaron que se opondrán a una posible orden de prisión preventiva que pueda pedir en la audiencia la Fiscalía para los procesados. Coinciden ambos que con la actual situación de violencia en las cárceles ese es un gran riesgo que se estaría corriendo con los cuatro investigados.

Hasta el momento, la Fiscalía mantiene a los detenidos en la Unidad de Flagrancia, ubicada al norte de Quito. Cada uno ya habría rendido su versión y, a decir de os abogados, lo que restaría es saber la hora de la audiencia de formulación de cargos.

Por el manejo irregular de bonos en el Isspol existen cinco denuncias hechas en Fiscalía por los delitos de peculado, estafa y tráfico de influencias. (I)

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