Poco más de un mes ha transcurrido de que Galo Garzón y Miguel Palacios, exadministrador de Contratos, exsubgerente Comercial de Operaciones de Petroecuador, respectivamente, recibieron orden de prisión preventiva dentro de una instrucción fiscal por el delito de cohecho ocurrido a partir de una red de sobornos liderada por Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador, y ambos están a la espera de que se resuelva la apelación a la medida cautelar impuesta contra ellos.
El juez a cargo de la causa determinó que el próximo 14 de diciembre, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, se realice la audiencia para analizar los dos pedidos. Los 90 días de instrucción fiscal en este caso se iniciaron el 1 de noviembre pasado con la formulación de cargos a siete personas sospechosas.
Garzón y Palacios fueron dos de los tres exfuncionarios de la petrolera estatal ecuatoriana que recibieron prisión preventiva. El exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Willam Vásconez, Wilson Naranjo, Jorge Ponce y Andrés Racines, exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador, recibieron las medidas de presentación periódica dos veces por semana, la prohibición de salida del país y el uso del dispositivo electrónico.
Lenín Armijos, exasesor de la Gerencia General de Petroecuador, también solicitó la apelación de la prisión preventiva, pero en la providencia no consta su nombre, como tampoco consta la apelación que planteó la Fiscalía contra las medidas alternativas a la prisión preventiva que se determinó contra Racines.
La teoría que maneja la Fiscalía habla de que las siete personas se asociaron para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos. El cohecho investigado habría alcanzado los $ 22 millones.
Para la fiscal Ivonne Proaño, quien formuló cargos, los cuatro exfuncionarios de la estatal petrolera, el extrabajador del Ministerio de Finanzas y los dos ciudadanos habrían colaborado en algún nivel con el entonces gerente Arias para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados.
Lenín Armijos, exasesor de la Gerencia General de Petroecuador, también solicitó la apelación de la prisión preventiva, pero en la providencia no consta su nombre, como tampoco consta la apelación que planteó la Fiscalía contra las medidas alternativas a la prisión preventiva que se determinó contra Racines.
La teoría que maneja la Fiscalía habla de que las siete personas se asociaron para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos. El cohecho investigado habría alcanzado los $ 22 millones.
Para la fiscal Ivonne Proaño, quien formuló cargos, los cuatro exfuncionarios de la estatal petrolera, el extrabajador del Ministerio de Finanzas y los dos ciudadanos habrían colaborado en algún nivel con el entonces gerente Arias para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados.
La Fiscalía mantiene como uno de los elementos de convicción la investigación remitida como asistencia penal internacional por Estados Unidos, la cual haría referencia “al modus operandi de la cadena de corrupción, para sobornos y lavado de activos, que operaba en Petroecuador”. Dentro de esa investigación las autoridades estadounidenses tienen la cooperación de Nilsen Arias, pues se había declarado culpable.
Arias es acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza y colaborando con la justicia de ese país. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en diez años, entre el 2010 y 2017, que fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana. (I)
Fuente El Universo