El consejero Presidencial Diego Ordóñez justificó que la detención del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, procedió porque presuntamente se violentó la ley. Considera que ese proceso debe continuar en el ámbito judicial pero que se debe archivar la denuncia contra el presidente Guillermo Lasso. En ese sentido se pronunció este domingo 17 de julio del 2022.
Iza y Ángel Maita, legislador de Pachakutik, denunciaron a Lasso y a los ministros de Defensa y del Interior por presunta privación ilegal de la libertad del principal dirigente de la Conaie. Los denunciantes están llamados a rendir su versión en la Fiscalía este 19 de julio, en Quito.
“La investigación tiene que hacerse, hay una denuncia presentada. A la Fiscalía le corresponde cumplir con la ley, agotar el proceso de indagación previa y, como es obvio y natural, deberá archivarse esa denuncia. Y, por otro lado, debe seguirse el juicio en el que se juzga a Iza como autor intelectual de los hechos de violencia”, expresó Ordóñez.
Esto dado que la notificación de la Fiscalía, sobre la indagación previa, llegó a la Presidencia de la República, así como a la Coordinación Jurídica del Ministerio del Interior. Jurídicos de este ministerio revisaron el expediente del caso y presentarán el escrito correspondiente indicando correos electrónicos. Es un caso que no tiene sentido porque ya se declaró legal la detención (de Iza), por tanto, no es de preocupación, informaron desde esa Cartera de Estado.
El Consejero también se basa en ese hecho al aspirar el archivo de la denuncia contra el Jefe de Estado. “Esto hay que observarlo desde la pretensión o intención, que parece ser, tienen algunos dirigentes del movimiento indígena de estar por fuera de la ley. Lo que tiene que quedar claro es que nadie pretenda estar por encima de la ley”, reiteró.
Supuesto financiamiento del narcotráfico
Ordóñez reforzó las declaraciones de Lasso sobre la acusación de que la movilización indígena recibió financiamiento del narcotráfico.
“Más allá de que los dirigentes indígenas se sientan aludidos por lo que dijo el Presidente, deberían coadyuvar a la justicia a poner en evidencia a aquellos infiltrados, que son quienes ellos dicen que generaron la violencia en los días de paralización”, cuestionó el funcionario del Ejecutivo.
Ante la consulta de este Diario sobre si el Gobierno tiene pruebas para la acusación, Ordóñez respondió que esos infiltrados están vinculados a grupos guerrilleros, que reciben instrucción de otros grupos en Colombia y que están ligados al narcotráfico. “Los canales de vinculación económica, por razones de seguridad, no lo voy a comentar. Pero sin duda, hay la certeza de que hay un vínculo entre la actividad delincuencial del narcotráfico, de la violencia en las calles, de la violencia carcelaria con la violencia política. De eso no hay ninguna duda”, sostuvo.
A su vez, refirió que el tema del narcotráfico no es algo que se pueda resolver con denuncias porque es un tema que lleva tiempo, que tiene muchas implicaciones, tiene que ver con la seguridad del Estado, pero confía en que el Gobierno está en la línea “de atacar esta infiltración”.
En una negociación hay discusiones sobre la mesa como por fuera ella, refirió Ordóñez al aclarar que los temas de seguridad del Estado no se pueden dejar de lado mientras se ejecutan las mesas de diálogo con el movimiento indígena.
No obstante, el Consejo Ampliado de la Conaie resolvió el 12 de julio rechazar esa acusación, que para el movimiento indígena tiene el objetivo de criminalizar la protesta social. Señalan que “los ataques demuestran la poca voluntad de diálogo y de dar soluciones al pliego de demandas planteadas por las organizaciones sociales”, según un comunicado.
Fuente: El Comercio